Derecho Fiscal

Tras la sentencia del TCo 182/2021, un ayuntamiento no puede liquidar el Impuesto a un contribuyente que ha presentado una declaración antes de que se dictara la citada sentencia, porque los preceptos que regulan la determinación de la base imponible vigentes en la fecha de devengo han sido declarados inconstitucionales y nulos. No obstante, el contribuyente si está obligado al pago del Impuesto cuando lo que presentó fue una autoliquidación, al considerarse como una situación consolidada por tratarse de una autoliquidación cuya rectificación no ha sido solicitada a la fecha de dictarse la citada sentencia.

Los gastos financieros devengados por un préstamo relacionado de forma directa e inmediata con el ejercicio de la actividad empresarial de la sociedad, aunque no con un concreto ingreso u operación, no constituyen un donativo o liberalidad, pues tienen causa onerosa al igual que el préstamo a cuyo cumplimiento responden.

Las cuotas soportadas por las prestaciones adquiridas a terceros por la sociedad de cartera para ser cedidos a sus filiales a cambio de una participación en los beneficios generales, no son deducibles, al estar relacionados con la actividad exenta de sus filiales, no tener incidencia en el precio de las operaciones sujetas y no formar parte de los gastos generales.

La ganancia patrimonial derivada de la percepción de una prima satisfecha por el otorgamiento de un contrato de opción de compra se integra en la renta del ahorro, por implicar una transmisión, fundada en la «traditio», derivada de la entrega de facultades propias del derecho de propiedad a las que temporalmente renuncia el titular.

Mediante esta importante modificación se transforma por completo el derecho preconcursal, anticipando las actuaciones a una fase más temprana. Además, se introducen otras medidas dirigidas a agilizar y mejorar la eficiencia del procedimiento concursal.

Con efectos 1-1-2023, se reducen los plazos máximos que puede adoptar la Administración en los acuerdos de concesión de aplazamiento o fraccionamiento para el pago de las cuotas y se eleva a rango de ley la normativa relativa a la dispensa de garantía cuando la deuda no excede de 30.000 euros.

Nuevo acontecimiento de excepcional interés público, el «South Summit 2022-2024».

Se modifica el contenido del modelo 591, “Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes”, para que no haya obligación de declarar sobre las retribuciones relativas a los trimestres en que el impuesto está suspendido.

Se aprueba la normativa que da cumplimiento a lo establecido en Rgto (UE) 904/2010 art.24 sexies, que obliga a la Comisión a adoptar medidas técnicas y de gestión, de conexión e interoperabilidad con los sistemas nacionales, a establecer el formulario electrónico normalizado para enviar la información, las formas de identificación de los funcionarios que acceden al sistema, las medidas de seguridad técnica y organizativa y los cometidos y responsabilidad de los Estados miembros que deben regir el CESOP (Central electronic system of payment information). Estas medidas serán de aplicación a partir de 1-1-2024.

El Tribunal Supremo fija como doctrina que los excesos de adjudicación de la vivienda habitual a uno de los cónyuges producidos como consecuencia de la disolución del matrimonio no están sujetos a donaciones.

La limitación de la facultad de disposición a la que están sometidas los titulares de acciones admitidas negociación en mercados organizados, consistente en la imposibilidad de transmitir las acciones hasta transcurrido un período de tiempo, no afecta a la valoración en el IP de dichas acciones.

Cuando un obligado tributario residente en España percibe como única renta una pensión de fuente extranjera, debiendo tributar por ella en el IRPF, ya sea porque así lo dispone el CDI con el país de procedencia de la pensión o porque no existe tal Convenio, se debe tener en cuenta que el pagador no residente de la pensión no está obligado a retener a cuenta del Impuesto siempre que no opere en España, por lo que el límite determinante de la obligación de declarar es el señalado en la LIRPF art.96.3 (actual límite de 14.000 euros).