La sociedad de gananciales disuelta pero no liquidada genera una comunidad postmatrimonial sin cuotas indivisas sobre bienes concretos, por lo que solo es embargable la cuota global del cónyuge deudor sobre la masa ganancial, y no una mitad indivisa de un bien específico; además, la inscripción de embargo debe respetar esta naturaleza jurídica para garantizar la seguridad jurídica registral 974.
Conforme al RH art.144.4 y la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, la sociedad de gananciales disuelta pero no liquidada genera una comunidad postmatrimonial sin cuotas indivisas sobre bienes concretos, por lo que solo es embargable la cuota global del cónyuge deudor sobre la masa ganancial, y no una mitad indivisa de un bien específico; además, la inscripción de embargo debe respetar esta naturaleza jurídica para garantizar la seguridad jurídica registral.DGSJFP Resol 9-7-25EDD 642569
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1 junio 2026
Los honorarios del contador partidor, al ser gastos hechos en interés común de todos los herederos, deben deducirse de la herencia y repercutirse a cada heredero en proporción a su cuota hereditaria. No procede su reparto igualitario entre las partes demandante y demandada en el proceso de división judicial de la herencia.
1 julio 2026
La interpretación sustancial y voluntarista del testamento prevalece sobre una literal estricta en materia de sustitución testamentaria, especialmente el reconocimiento explícito de que la expresión 'fallecer en la misma fecha' debe entenderse en sentido amplio incluyendo la premoriencia. Asimismo, es importante respetar la legítima del heredero preterido aun cuando haya acuerdo entre todos los interesados sobre la interpretación del testamento.
1 julio 2026
El Tribunal Supremo destaca la estricta aplicación del Convenio de La Haya en materia de alimentos internacionales, reforzando la obligación de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras basadas en residencia habitual y resistencia a revisar cuestiones fácticas sobre competencia internacional, así como la interpretación del concepto de orden público procesal para denegar exequatur, señalando la elevada protección del interés superior del menor y la importancia de no obstaculizar la eficacia de medidas alimenticias definitivas dictadas en otro Estado contratante.
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