Actualidad Civil. Octubre 2026
Extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal
Se modifican, entre otras disposiciones, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (RDLeg 1/2013) y la L 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, para extender y reforzar los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, conforme a Const art. 49.
MFA nº 3430 s., 3970, 4407, 6173
Con efectos desde el 23-10-2026, se modifican diversas disposiciones, entre ellas el RDLeg 1/2013 y la L 39/2006, con la
finalidad de extender y reforzar los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto en Const art. 49.
Para ello, se incorporan medidas de extensión de derechos y de refuerzo de los apoyos a la
participación comunitaria de las personas con discapacidad, con el fin de reforzar las garantías de autonomía e inclusión social y proteger y promover de manera reforzada los derechos de las mujeres y de la infancia con discapacidad, sin perjuicio de las medidas de apoyo recogidas en la legislación civil y procesal.
Para que las personas con discapacidad puedan acceder a los derechos humanos y disfrutarlos en condiciones de igualdad y no discriminación, se establece la accesibilidad universal como un derecho que garantiza su plena inclusión social. A tal efecto, se regula la creación de un
Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, orientado a sufragar total o parcialmente el coste de las iniciativas destinadas a que los entornos, servicios y espacios sean universalmente accesibles.
Por otra parte, esta norma:
- toma en consideración la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad frente a la violación de sus derechos humanos y las distintas formas de violencia, incluida la violencia sexual;
- busca proyectar una imagen positiva de las personas con discapacidad y promover el respeto a su integridad;
- se orienta a proteger a las personas con discapacidad a la hora de fundar una familia, poner en valor la contribución social de las familias con personas con discapacidad o en situación de dependencia en su seno y promover apoyos para el desempeño de estos cuidados.
Entre las
novedades que se plantean se encuentran:
- la asimilación entre los grados de dependencia y discapacidad, correspondiendo al grado I de dependencia un 33 % de discapacidad y a los grados II y III un 65 %, a los efectos de esta ley. Aunque una persona a la que se le ha reconocido una discapacidad no es automáticamente definible como «persona en situación de dependencia», una persona en situación de dependencia es reconocible automáticamente como persona con discapacidad;
- la promoción y protección reforzadas de los derechos de las mujeres y de la infancia con discapacidad;
- la determinación de un plazo específico para la resolución y notificación de los procedimientos sancionadores en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que hasta ahora se regían por los plazos genéricos de la L 39/2015;
- la llamada a los poderes públicos para proteger la integridad de las personas con discapacidad;
- la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la inteligencia artificial;
- el destino de los importes ingresados en aplicación del régimen de infracciones y sanciones previsto en la ley a actuaciones de mejora de la accesibilidad;
- la inclusión de salvaguardas y requisitos legales para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas con discapacidad en el ámbito de los cuidados, así como la regulación de los ajustes razonables para una mejor comprensión y aplicación de la figura del garante de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad;
- el reconocimiento del servicio de teleasistencia como derecho subjetivo para todas las personas en situación de dependencia;
- la reconceptualización de la asistencia personal, flexibilizándola, sin restringirla a los ámbitos educativo y laboral, y orientándola a la promoción de la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad, con mención especial a la adquisición de habilidades digitales;
- en relación con el servicio de ayuda a domicilio, la potenciación de la personalización y la orientación comunitaria de los cuidados y apoyos, introduciéndose la posibilidad de organizarlo colectivamente, es decir, de forma coordinada, compartida y participada, para un grupo reducido de personas en situación de dependencia que viven cerca, se conocen entre sí y han solicitado voluntariamente este tipo de organización;
- la adaptación de la finalidad de los centros de día al nuevo modelo de cuidados y apoyos orientados a la persona, evitando actividades infantiles y carentes de sentido y contemplando la adquisición de habilidades digitales;
- la reconfiguración del servicio de atención residencial para que ofrezca un entorno de vida hogareño e inclusivo, que conecte a las personas en situación de dependencia con la comunidad y les facilite el desarrollo de su proyecto de vida independiente;
- la incorporación al catálogo del servicio de cuidados y apoyos en viviendas;
- la incorporación al catálogo del servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, en préstamo o cesión temporal;
- la supresión del régimen de incompatibilidades de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia;
- la eliminación del plazo suspensivo máximo de dos años previsto para la prestación económica para cuidados en el entorno familiar;
- la ampliación de la aplicación de la escala de valoración específica (EVE), de los tres a los seis años;
- la exclusión de la vivienda habitual para la determinación de la capacidad económica y el establecimiento de medidas para que la cuantía del copago no disuada a las personas del acceso a los servicios que necesitan.
Para dar respuesta al mandato establecido en Const art. 49, se impone afrontar el reto de
superar la cultura asistencialista y orientar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hacia un modelo basado en el enfoque de derechos y en la
vida independiente con una atención personalizada, que mantenga conectadas a las personas en situación de dependencia con su entorno comunitario, respete su voluntad y les permita, con los apoyos necesarios, tener el control sobre las decisiones que afectan a su propia vida, con el máximo grado de libre determinación y promoción de la autonomía personal.
Se impone la necesidad de
cuidar desde el respeto a la dignidad y singularidad de cada persona, limitando las sujeciones físicas, mecánicas, farmacológicas o químicas y utilizando restricciones únicamente en casos totalmente excepcionales de urgencia vital, bajo criterios médicos.
L 4/2026, BOE 3-10-26
