Asturias. Ley de infancia y adolescencia

Actualidad Civil. Octubre 2026

Asturias. Ley de infancia y adolescencia

Nueva regulación en materia de protección del menor
MFA n.º 2804, 2817, 2912, 2925, 2965
Con efectos desde el 23-11-2026, se aprueba la L Asturias 8/2026, de infancia y adolescencia, que deroga la L Asturias 1/1995, de protección del menor, con el objetivo de garantizar el ejercicio de sus derechos y obligaciones y orientar el itinerario de las familias, de los responsables de su atención y bienestar, de la sociedad en general y de los poderes públicos, para que consideren a la infancia y la adolescencia parte activa de la ciudadanía.
Se trata de una norma que, poniendo especial atención en el sistema de protección de niños y adolescentes y en el reconocimiento de sus derechos, pretende regular la atención integral que debe prestarse en los ámbitos de la prevención, la protección y la ejecución de las medidas de protección. Por este motivo, la Ley afecta a múltiples ámbitos en los que se desenvuelven la infancia y la adolescencia: educación, sanidad, servicios sociales, medio ambiente, entornos digitales, deporte y ocio. Se incide en la importancia de la familia como principal contexto de desarrollo cognitivo, emocional y social, integrando la parentalidad positiva para que los progenitores adquieran las habilidades y capacidades adecuadas para la educación de sus hijos. También se incluye la mediación familiar como método de resolución de conflictos basado en el diálogo. Se busca garantizar su desarrollo integral y promover una vida familiar normalizada, primando siempre el interés superior del menor de edad.
Entre las cuestiones que cabe destacar se encuentran:

• El diseño de un nuevo marco para las situaciones de desprotección infantil, más acorde con sus causas y consecuencias.
• La consideración de niños y adolescentes como ciudadanos y sujetos activos de derecho, así como el favorecimiento del ejercicio autónomo de sus derechos, en función de su edad y madurez.
• La regulación del Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias como órgano de coordinación y asesoramiento.
• El reconocimiento y la delimitación de los derechos de niños y adolescentes y de la forma de hacerlos efectivos:
  • El derecho a la participación ciudadana a partir de los 16 años.
  • El derecho del menor de edad a ser oído y escuchado y a que se tengan en cuenta sus opiniones, según su edad y madurez, sin perjuicio de aquellos supuestos en los que deba prestar su consentimiento cuando legalmente proceda.
• La regulación de las actuaciones de prevención y sensibilización sobre los derechos de niños y adolescentes para mejorar su calidad de vida y la de sus familias y entorno social, así como para evitar la aparición de situaciones de desprotección infantil, con especial atención a las situaciones de violencia.
• La regulación del sistema de protección, que se desarrolla en torno a acciones de protección:
  • Detección, prevención e intervención en situaciones de riesgo.
  • Ejercicio de la guarda.
  • Declaración de la situación de desamparo, con la asunción de la tutela, el acogimiento familiar y residencial, la delegación de guarda con fines de adopción y la adopción.
• La atribución de la consideración de agentes de la autoridad a los funcionarios de los servicios sociales para el adecuado desarrollo de sus funciones en situaciones de alta conflictividad.
• La valoración e intervención de la Administración para tratar de evitar la declaración de la situación de riesgo y que el menor sea separado de su entorno, consensuando un proyecto de intervención familiar cuando el bienestar de los menores se encuentre expuesto. Si el plan de intervención fracasa, se prevé el inicio de un procedimiento de desamparo.
• La regulación de la guarda provisional, con plazos concretos y muy cortos para acordarla y mantenerla vigente.
• La regulación del acogimiento familiar y residencial. Se establece cómo debe valorarse la adecuación de una familia, así como los criterios de selección y valoración, y se da importancia a la formación y la información sobre esta medida de protección para ofrecer mayores garantías en la declaración de adecuación para el acogimiento. Se prioriza que el menor permanezca en su familia y entorno, si es posible, y se da prioridad al acogimiento familiar, para el que se prevén compensaciones económicas, frente al residencial. Este último no se acordará respecto de menores con necesidades especiales o discapacidad intelectual ni de menores de 10 años, salvo que realmente no sea posible una alternativa familiar. Por otra parte, en ningún caso se podrá ingresar en centros de protección específicos para menores con problemas de conducta a quienes tengan una edad inferior a 13 años.
• La regulación de los programas de preparación para la vida independiente para menores en acogimiento familiar o residencial, desde dos años antes de alcanzar la mayoría de edad, con posibilidad de continuar, una vez cumplida, en el programa de transición a la vida adulta. Son actuaciones destinadas a potenciar su formación y habilidades para la incorporación sociolaboral.
• La regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, dando preferencia al retorno a la familia de origen frente al acogimiento familiar o residencial cuando lo anterior no sea posible.
• La creación de la Comisión de Protección de la Infancia y Adolescencia, como órgano colegiado de consulta en la adopción de medidas de protección, y de la figura de los letrados de infancia y adolescencia, competentes para llevar a cabo, en nombre de la entidad pública, las actuaciones necesarias para la defensa ante los órganos jurisdiccionales de las medidas de protección acordadas en interés superior del menor incluido en el sistema de protección.

L Asturias 8/2026, BOPA 23-10-2026.