Actualidad Administrativo. Diciembre de 2025
Delito de cohecho cometido por funcionario público por acceso a datos reservados de particular
En casos de acceso y revelación de datos reservados por funcionarios públicos, la conducta típica requiere que el acceso no autorizado se realice en el ejercicio de funciones públicas y con prevalimiento del cargo, y que exista una conexión causal entre la dádiva y el acto administrativo para configurar el delito de cohecho pasivo.
MPDA nº 4783
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Una empresa de servicios de investigación privada contratada por una persona para realizar una querella contra un tercero accedió y difundió información reservada obtenida ilegalmente de bases de datos policiales y notariales, implicando a funcionarios públicos y exfuncionarios en la obtención y transmisión de dichos datos. Surge la controversia sobre si son responsables penalmente los acusados por los delitos de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometidos por funcionario público en relación con la obtención y difusión de información reservada.
La Audiencia Nacional absuelve a los acusados por el delito de cohecho pasivo y al principal acusado por el delito de descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público, y se condena a dos acusados como autores responsables del delito de descubrimiento de secretos de particulares sin concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal.
El tribunal fundamenta su decisión en la falta de prueba suficiente para acreditar la participación en el delito de cohecho pasivo, y en la acreditación de que los acusados accedieron y difundieron información reservada sin autorización, vulnerando el CP art.197.2 y 198, destacando que el acceso ilícito a datos personales protegidos constituye una agresión a la autodeterminación informativa y que la condición de funcionario público agrava la conducta cuando se utiliza para facilitar el delito.
AN 5-11-25, EDJ 756511
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1 diciembre 2025
Reforma del régimen jurídico de la Administración autonómica, destacando la adaptación a la legislación estatal, la priorización de la digitalización, la simplificación administrativa y el refuerzo de la transparencia y el control en órganos y procedimientos.
1 enero 2026
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1 febrero 2026
La Administración autonómica no responde automáticamente por los efectos adversos graves de la vacuna del Covid-19. Solo hay responsabilidad si concurre mala praxis o actuación contraria a la lex artis.
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