Consulta pública previa en instrumentos urbanísticos con procedimiento sectorial propio

1 octubre 2026

Actualidad Administrativo. Octubre de 2026

Consulta pública previa en instrumentos urbanísticos con procedimiento sectorial propio

En la tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación urbanística, como el registro municipal de solares sin edificar y la instrucción que lo desarrolla, la omisión del trámite de consulta pública previa no implica nulidad, siempre que la normativa sectorial específica regule un procedimiento distinto y la parte interesada haya tenido una oportunidad efectiva de participación mediante información pública, sin que se haya producido indefensión.
MADM nº 5419 6
Un ayuntamiento aprueba un registro municipal de solares sin edificar y la instrucción que lo desarrolla. La mercantil afectada impugna ambas disposiciones porque no se sustanció la consulta pública previa, aunque sí se realizó el trámite de información pública y la propia interesada formuló alegaciones.
El Tribunal Supremo señala que el punto decisivo no es si la información pública resulta suficiente para reparar la omisión, sino la prevalencia de la legislación especial. Reitera que, con carácter general, la aprobación de instrumentos de ordenación urbanística no se somete a la regulación común sobre elaboración de disposiciones reglamentarias cuando la normativa urbanística diseña un procedimiento propio, salvo que la normativa autonómica contenga una remisión expresa a la ley procedimental común (LPAC disp. adic. 1.ª; TS 6-2-23, EDJ 507897; 26-6-23, EDJ 624174; 26-6-25, EDJ 618447).
Por ello, la omisión de dicho trámite no es causa de nulidad, máxime cuando la parte recurrente participó activamente en el procedimiento mediante el trámite de información pública y no sufrió indefensión.
Se confirma así la sentencia impugnada, que desestimó el recurso contencioso-administrativo. El fallo desestima el recurso de casación y confirma que no procede modificar la doctrina sobre la inaplicabilidad general de la consulta pública previa en la normativa urbanística sectorial, reiterando la jurisprudencia existente.
De esta forma, se reitera la diferenciación entre normativa general y sectorial en materia de procedimiento para la aprobación de disposiciones generales urbanísticas, estableciendo que el trámite de consulta pública previa previsto en la LPAC no resulta, en principio, aplicable cuando la normativa autonómica o regional establece un procedimiento específico.
Asimismo, se aclara que no existe equivalencia entre los trámites de consulta pública previa y de información pública, aunque, en determinados procedimientos sectoriales, la participación efectiva en este último puede evitar la nulidad por omisión del primero.
TS 28-7-26, EDJ 691629

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