1La norma aborda la simplificación administrativa, la agilización de procedimientos y la modernización del marco jurídico administrativo, con el objetivo de combatir la hiperregulación y asegurar la unidad de mercado. Entre las principales medidas destacan:• La revisión sistemática anual implica que las Administraciones públicas autonómicas deben analizar y examinar periódicamente todo el cuerpo normativo vigente para adaptarlo a los principios de buena regulación: proporcionalidad, necesidad, simplicidad y capacidad de respuesta. Este proceso tiene en cuenta la eliminación de normas obsoletas, la consolidación normativa y la simplificación de procedimientos. Debe realizarse conforme al principio de coordinación administrativa, priorizando la reducción de cargas administrativas para la ciudadanía y las empresas, y promoviendo la transparencia y el acceso sencillo a la regulación vigente.• El uso ampliado de la Certificación documental acreditada permite a los interesados aportar documentos electrónicos con la misma validez legal que los documentos originales en papel, agilizando los trámites y limitando la presentación de papeles a supuestos excepcionales o cuando la normativa lo exija expresamente. El modelo «digital por defecto» significa que la tramitación de los procedimientos debe efectuarse, como regla general, por medios electrónicos, salvo para las personas no obligadas a relacionarse digitalmente que opten por la vía presencial. En estos casos, las administraciones están obligadas a digitalizar los documentos para integrarlos en el expediente electrónico.• La reforma relativa al silencio administrativo implica la obligación de la Administración de expedir y notificar de oficio, y de preferencia de forma automatizada, certificaciones del sentido del silencio administrativo, ya sea estimatorio o desestimatorio según el caso. Esto refuerza la seguridad jurídica y facilita el ejercicio efectivo de los derechos, al reducir la carga para el interesado de solicitar dichos certificados y al permitir el uso de sistemas automáticos y electrónicos para su emisión, fomentando la celeridad y trazabilidad en la actuación administrativa.• Se ha llevado a cabo un rediseño sustancial de los procedimientos para la designación de entidades colaboradoras de certificación, estableciendo criterios más precisos de imparcialidad, cualificación y control público en la designación y actuación de dichas entidades. Además, la atribución de competencias sancionadoras se clarifica y ajusta a órganos específicos en función de la materia, dotando de mayor seguridad jurídica al régimen sancionador relacionado con las entidades colaboradoras y su personal.• Se refuerza la responsabilidad individual de los técnicos que intervienen en la emisión de certificaciones, especialmente frente a inexactitudes o deficiencias relevantes. Esto contribuye no solo a la protección del interés público, sino también a la depuración de responsabilidades profesionales y a la exigencia de seguros o garantías.DL C. Valenciana 14/2025, DOGV Ext 29-12-25
1 enero 2026
Se ha publicado una decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos que adopta normas procedimentales para la aplicación del requisito de consentimiento previo del mismo antes de la destitución del delegado/responsable de protección de datos (DPD) por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión
1 febrero 2026
Hay que valorar la concurrencia de culpas en accidentes derivados del mal estado de las vías públicas, equilibrando la obligación de mantenimiento de la Administración con el deber de cuidado de los usuarios, y la necesidad de señalización adecuada para prevenir riesgos, lo que implica una aplicación matizada del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial administrativa.
1 agosto 2026
La comunicación previa de inicio de actividad no constituye un acto administrativo ni genera un acto presunto susceptible de recurso administrativo o contencioso-administrativo, ya que es un acto jurídico privado del interesado que habilita el ejercicio de la actividad desde su presentación, sin necesidad de resolución administrativa previa, y la Administración ejerce un control posterior sin plazo limitado mediante sus potestades de comprobación, control e inspección.
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