El Tribunal Supremo resuelve la cuestión de si es penalmente responsable el alcalde y otros implicados por delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial derivados de la adjudicación irregular y simulación documental en la contratación y ejecución de la obra pública. El alcalde del municipio adjudicó, verbalmente y sin procedimiento administrativo legalmente establecido, la construcción de un complejo deportivo a una mercantil, simulando posteriormente la documentación contractual y técnica para justificar pagos y obtener subvenciones públicas, con la colaboración de funcionarios y representantes de la empresa. El Tribunal Supremo considera responsable penalmente al alcalde y a los demás acusados por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial, confirmando la condena impuesta por la Audiencia Provincial. La Sala fundamenta su decisión en la interpretación del CP art.404 que incluye actos verbales o de hecho como resoluciones arbitrarias, y en la doctrina jurisprudencial que exige que la resolución sea manifiestamente arbitraria y con dolo, además de la acreditación de la falsedad documental con conocimiento y voluntad de engañar, destacando que la actuación fue consciente, planificada y con el fin de eludir controles legales y obtener beneficios ilícitos. TS 24-9-25, EDJ 702190
1 enero 2026
Cuando en un proceso penal por presunto maltrato infantil mediante zarandeo no puede acreditarse sin ninguna duda la causa traumática de las lesiones, existiendo alternativas médicas razonables que explican dichas lesiones, debe dictarse sentencia absolutoria, respetando el derecho a la presunción de inocencia y el principio «in dubio pro reo»
1 abril 2026
Es posible rectificar una condena firme cuando se demuestra que la identidad del condenado fue errónea debido a suplantación, permitiendo la sustitución del nombre sin necesidad de anular la sentencia ni iniciar un nuevo proceso, lo que contribuye a la economía procesal y evita dilaciones innecesarias.
1 junio 2026
El Tribunal Supremo condena por unanimidad a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por formar una organización criminal destinada a manipular la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. Se acredita el uso de influencias y cargos públicos para beneficiar a empresas afines a cambio de comisiones económicas. El Tribunal detalla la existencia de reparto de roles y la utilización de información privilegiada en los procedimientos de emergencia. Se imponen penas de prisión, inhabilitación y multas, con atenuación muy cualificada para Aldama por colaboración con la Justicia, acordando la suspensión de sus penas privativas de libertad. Se absuelve a los acusados de prevaricación administrativa por la situación excepcional de la pandemia. La sentencia destaca el grave daño institucional que provoca la corrupción y la necesidad de proteger la integridad en la gestión pública.
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