Es necesaria una motivación suficiente y detallada en las resoluciones judiciales que autorizan medidas restrictivas de derechos fundamentales, así como corroborar la información anónima con indicios concretos para justificar registros domiciliarios. Igualmente, hay que exigir prueba individualizada y concreta para la aplicación de atenuantes por drogadicción, así como el control limitado de la casación sobre la valoración de la prueba realizada en apelación.
MPEN nº 15294 MPP nº 7719 s.
5La determinación de la validez de las pruebas obtenidas mediante registros domiciliarios y el análisis de teléfonos móviles es crucial para establecer la condena de los acusados por tráfico de drogas, lo que exige evaluar la procedencia de aplicar atenuantes por drogadicción o dilaciones indebidas en el desarrollo del proceso.
En este caso, un acusado y su pareja fueron investigados y condenados por un delito contra la salud pública por tráfico habitual de sustancias estupefacientes, tras investigaciones policiales que incluyeron seguimientos, detenciones, registros domiciliarios y análisis de dispositivos móviles, mientras que otros dos acusados fueron absueltos.
Para el Tribunal, son válidas las pruebas obtenidas, por lo que confirma la condena por tráfico de drogas sin concurrencia de atenuantes por drogadicción ni por dilaciones indebidas, y se desestiman los recursos de casación presentados por los acusados.
La Sala basa su fallo en la adecuada motivación y proporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentales autorizadas judicialmente, la valoración racional y suficiente de la prueba directa e indiciaria conforme a las máximas de experiencia y lógica, y la jurisprudencia consolidada sobre la aplicación restrictiva de atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas, respetando la función nomofiláctica del recurso de casación y la doble instancia.TS 31-10-25, EDJ 745230
1 febrero 2026
Corresponde a las Secciones de Infancia y Adolescencia de los Tribunales de Instancia la competencia para conocer de las agresiones sexuales a menores, niños, niñas y adolescentes, y, en su defecto, a los órganos judiciales de instrucción, donde no estén constituidos tales órganos especializados.
1 junio 2026
El Tribunal Supremo condena por unanimidad a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por formar una organización criminal destinada a manipular la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. Se acredita el uso de influencias y cargos públicos para beneficiar a empresas afines a cambio de comisiones económicas. El Tribunal detalla la existencia de reparto de roles y la utilización de información privilegiada en los procedimientos de emergencia. Se imponen penas de prisión, inhabilitación y multas, con atenuación muy cualificada para Aldama por colaboración con la Justicia, acordando la suspensión de sus penas privativas de libertad. Se absuelve a los acusados de prevaricación administrativa por la situación excepcional de la pandemia. La sentencia destaca el grave daño institucional que provoca la corrupción y la necesidad de proteger la integridad en la gestión pública.
1 julio 2026
Con vigencia desde 25-5-2027, solo en casos excepcionales la autoridad laboral puede autorizar la intervención de personas menores de 16 años en actividades en las artes escénicas, audiovisuales o musicales, siempre que se realice por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de una empresa y ello no suponga peligro para su salud ni para su adecuado desarrollo emocional, educativo ni personal ni para su formación profesional.
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