Negligencia grave del ordenante en la custodia de sus credenciales y devolución inmediata de los pagos no autorizados

1 octubre 2026

Actualidad. Contratos mercantiles. Octubre de 2026

Negligencia grave del ordenante en la custodia de sus credenciales y devolución inmediata de los pagos no autorizados

La eventual negligencia grave del usuario en la custodia de sus credenciales no suspende el reintegro inmediato de una operación no autorizada. Esa conducta solo incide en la atribución posterior de las pérdidas, salvo sospecha fundada de fraude del propio usuario comunicada a la autoridad competente.

MCM n.º 8287. 39

Una usuaria sufre un fraude de phishing al acceder a un enlace que aparenta proceder del portal en el que vende un objeto, introducir sus claves de banca electrónica y facilitar el código SMS que permite a un tercero ordenar una transferencia desde su cuenta. Tras comunicar la operación al día siguiente, la entidad rechaza restituir el importe porque considera que la usuaria incumplió gravemente sus deberes de custodia de las credenciales.

La controversia se resuelve separando dos planos: el del abono inmediato y el del reparto final de las pérdidas. El TJUE entiende que la entidad debe devolver primero el importe de la operación no autorizada y que la alegación de negligencia grave del usuario no le permite retener esos fondos. Esa alegación solo puede desplegar efectos en una fase posterior, dentro del régimen de responsabilidad del ordenante (Dir. (UE) 2015/2366, arts. 73.1 y 74.1).

Desde la interpretación literal, el derecho del usuario a obtener la rectificación exige que notifique la operación sin demora injustificada y, una vez producida esa notificación, el proveedor debe devolver el importe de inmediato y, en todo caso, a más tardar al final del día hábil siguiente. El texto solo prevé una excepción: que existan motivos razonables para sospechar fraude y que esos motivos se comuniquen por escrito a la autoridad nacional competente. La negligencia grave del ordenante no aparece configurada como excepción a esa obligación de restitución inmediata (Dir. (UE) 2015/2366, arts. 71.1 y 73.1).

La articulación sistemática entre los preceptos confirma esa lectura. El art. 72 impone al proveedor la carga de probar que el usuario actúa con fraude o con negligencia grave, y el art. 74 determina en qué medida el ordenante soporta las pérdidas derivadas de la operación no autorizada cuando esa conducta queda acreditada. Por ello, el art. 73 regula la restitución inmediata del saldo y el art. 74, la imputación posterior de las pérdidas, incluida la posibilidad de reclamar después al ordenante lo reintegrado si concurren los presupuestos de responsabilidad previstos en ese precepto (Dir. (UE) 2015/2366, arts. 72.2 y 74.1).

También la finalidad protectora de la Directiva conduce a la misma solución. Si bastara con que la entidad apreciara por sí misma una negligencia grave para negar el abono, el usuario tendría que litigar para recuperar unos fondos que la norma ordena restituir sin demora, con el consiguiente desplazamiento del riesgo y de la carga del conflicto al consumidor. Esa lectura vacía de efecto útil la obligación de devolución inmediata y desborda la única excepción expresamente armonizada por la Directiva (Dir. (UE) 2015/2366, considerandos 6 y 71; arts. 73.1 y 107.1).

El criterio fijado sobre el reparto posterior del riesgo es, por tanto, que el incumplimiento grave de los deberes de protección de las credenciales de seguridad no neutraliza la obligación inicial de reembolso. Solo la sospecha fundada de fraude del propio usuario, comunicada a la autoridad competente, permite no devolver inmediatamente el importe; fuera de ese supuesto, la entidad reintegra y, si acredita después la negligencia grave del ordenante, podrá repercutirle las pérdidas en los términos del régimen de responsabilidad aplicable (Dir. (UE) 2015/2366, arts. 69, 73.1 y 74.1).

TJUE, 15-10-2026, asunto C-70/25. EDJ 2026/742241

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