En caso de extinción de la personalidad jurídica de la empresa, los contratos de los trabajadores han de resolverse conforme a los trámites establecidos para el despido colectivo si la totalidad de la plantilla de la empresa es superior a cinco y conforme a los trámites del despido objetivo si no se supera dicha cifra.
Se despide por causas objetivas al único trabajador perteneciente a una cámara agraria local, cuya personalidad jurídica quedó extinguida tras la disolución de todas las cámaras agrarias de la Comunidad Autónoma.
La cuestión a resolver es la de determinar si la extinción de la relación laboral debe someterse a los trámites previstos para los despidos colectivos, si se extiende a la totalidad de la plantilla de la empresa y el número de trabajadores afectados no es superior a cinco, cuando es por causa de la extinción de la personalidad jurídica del empleador (ET art.49.1.g).
Determina el TS que si bien el precepto de la extinción del contrato por extinción de la personalidad jurídica del contratante impone una remisión genérica a los trámites del despido colectivo hay que tener en cuenta que esa norma distingue claramente entre los despidos colectivos y los individuales por causas objetivas.
De lo que se concluye que esa remisión ha de ser al procedimiento que en cada caso corresponda, en razón del carácter colectivo o individual del despido objetivo, conforme a los parámetros del ET art.51 y 52 c.
En definitiva, si la totalidad de la plantilla de la empresa cuya personalidad jurídica se extingue es superior a cinco trabajadores, ha de tramitarse el procedimiento de despido colectivo, pero si no se alcanza esa cifra no estamos ante un despido colectivo, por lo que no ha de seguirse en ese caso los trámites previstos a tal efecto, sino los dispuestos para las extinciones individuales de contratos de trabajo por causas objetivas (ET art.52.c y 53).
En el presente caso, al tener la empresa un único trabajador, no solo carece de cualquier sentido la tramitación de un despido colectivo, sino que además no es factible cumplir con los requisitos exigidos, ante la imposibilidad de configurar siquiera la comisión representativa de los trabajadores que hubiere de intervenir en el periodo de consultas.TS 30-3-22, EDJ 536049Rec 334/21.
31 marzo 2026
Fijación de la base de cotización a partir del 1-1-2026 para los familiares del trabajador autónomo, los administradores/socios de sociedades de capital encuadrados en el RETA y los socios trabajadores de las sociedades laborales, así como los trabajadores autónomos que no hayan presentado la declaración del IRPF o no hayan declarado ingresos
4 noviembre 2025
Se declara la improcedencia del despido disciplinario de una auxiliar técnica educativa de un centro residencial de atención a menores al no apreciarse negligencia grave en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, valorando la ausencia de protocolos estrictos de actuación y la carga de trabajo. La gravedad a la que ha de atenderse para la calificación de la infracción es la de la conducta de la trabajadora, no la de la conducta que, en su caso, pudieran cometer los menores a su cargo.
21 junio 2022
Se procede a ampliar los datos que deben constar en la solicitud de alta de los trabajadores. A los ya existentes, a partir del 2-1-2023, se añaden: el nivel de formación académica, la ocupación laboral, única o principal, y el centro de trabajo al que figura adscrito el trabajador por cuenta ajena cuya alta se solicita. El nivel de formación académica y la ocupación laboral deben incluirse con arreglo, respectivamente, a las clasificaciones nacionales de educación y de ocupaciones vigentes en cada momento.
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