5 La cuestión debatida consiste en determinar si en caso de subsidio de desempleo, en el límite de ingresos de la unidad familiar, se deben incluir las pensiones por alimentos de los hijos a cargo del otro progenitor en el caso de que resulten impagadas.El Tribunal Supremo zanja el debate resolviendo que la pensión de alimentos, si no es abonada, no puede ser considerada una renta o ingreso computable a efectos de determinar las rentas de la unidad familiar para acceder o mantener el subsidio por desempleo. Tampoco es exigible, salvo casos de fraude de ley probado, la existencia de reclamación o denuncia. Para llegar a esta conclusión se apoya en los siguientes argumentos:1.Las normas de Seguridad Social que regulan el subsidio de desempleo utilizan el concepto de rentas y el de obtención de rentas, de tal modo, que es sencillo inferir que se refiere a las que se hayan percibido efectivamente, pasando a formar parte del patrimonio de la unidad familiar implicada (LGSS art.274 s.). Del mismo modo, la regulación del ingreso mínimo vital señala con claridad que las pensiones por alimentos no abonadas no deben computarse (L 19/2021 art.20.1.f).2.El impago de la pensión intencionado es una forma de violencia económica que está tipificada en el CP art.227. Además, la violencia económica es la tercera manifestación más frecuente de violencia de género por detrás de la violencia emocional y la psicológica de control.3.No puede exigirse a la beneficiaria que denuncie o interponga demanda ejecutiva contra su expareja a efectos de poder acreditar el impago de las pensiones de alimentos y, así, poder lucrar o conservar un subsidio de desempleo, porque ello supone desconocer la preceptiva perspectiva de género (LO 3/2007 art.4). Especialmente, porque lo contrario puede colocar a la mujer en una situación de riesgo, al obligarla a denunciar o demandar a su expareja. TS 29-9-25, Rec 2756/24EDJ 717706
9 junio 2026
La extinción de una pensión no contributiva por superar, años después de haber sido reconocida, el límite de ingresos fijado legalmente constituye, al igual que la solicitud de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, un acto de gestión ordinaria, por lo que no es necesario que la administración inicie el procedimiento de revisión judicial de actos declarativos de derechos.
3 febrero 2026
Se ha publicado oficialmente el acuerdo firmado en noviembre de 2025 que incluye el compromiso de incrementar las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas y de su sector público institucional en un 4,5 % en 2027 y, en un 2 %, en 2028.
11 marzo 2025
El acoso laboral vulnera el derecho a la integridad física y moral, íntimamente relacionado con el derecho a la dignidad personal, pudiendo también afectar a otros derechos fundamentales como el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen. Además, cuando se sufre como represalia por haber denunciado irregularidades de compañeros de trabajo, se vulnera la garantía de indemnidad que protege a los trabajadores, siendo este hecho especialmente grave, pues no solo afecta a la víctima sino también al interés general.
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