11La cuestión a resolver consiste en determinar si la revocación del mandato del delegado de personal requiere que la votación sea secreta o, por el contrario, puede hacerse a mano alzada. La sentencia recurrida declara nula la revocación del mandato del delegado de personal por no haberse realizado la votación de forma secreta, sino a mano alzada.
Dando respuesta a la cuestión planteada, señala el Tribunal Supremo que el Estatuto de los Trabajadores (ET art.67.3) exige que el voto sea «secreto» para proceder a la votación de la revocación, lo que constituye, como ha indicado la jurisprudencia (TS 30-10-07, EDJ 260402), una «norma imperativa». Alguna doctrina de suplicación ha entendido, en supuestos próximos al que ahora se examina, que la voluntad de las personas trabajadoras está clara cuando convocan, con los requisitos numéricos legales (ET art.67.3), la asamblea con el único punto del orden del día de la revocación del mandato del delegado de personal y en la votación -aunque sea a mano alzada- se decide esa revocación por mayoría absoluta, como asimismo exige aquel precepto. Pero este argumento no permite prescindir de lo que es una inequívoca e imperativa exigencia legal de que el voto sea «secreto», lo que garantiza la objetividad y pureza del procedimiento revocatorio y de su resultado. Voto secreto que, por lo demás, no es un requisito de difícil o desmesurado cumplimiento.
En todo caso, como se ha recordado recientemente por el propio Tribunal (TS 5-2-25, EDJ 50669; 4-6-25, EDJ 610254), las normas electorales del ET Título II son imperativas: se trata de «una materia de orden público, derecho necesario y naturaleza jurídica indisponible.»TS 16-12-25, EDJ 798466 Rec 5058/23
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El sindicato que forma parte de la comisión negociadora y firmante de un convenio colectivo está legitimado activamente para impugnar dicho convenio por ilegalidad cuando considere que contiene disposiciones contrarias a la legislación vigente, sin que la participación en la negociación excluya su derecho a la tutela judicial efectiva.
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Por la persistencia de los efectos de la crisis sanitaria, se mantienen los expedientes por fuerza mayor, basados en las medidas específicas establecidas por el coronavirus, que hayan sido solicitados antes del 27-6-2020 y, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020. Estas empresas y entidades deben proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, manteniéndose las obligaciones previstas en relación con las comunicaciones a la autoridad laboral de la renuncia a las medidas de suspensión o reducción de jornada. Se prohíbe la realización de horas extraordinarias, establecerse o reanudarse externalizaciones de la actividad, concertar nuevas contrataciones, sean directas o a través de ETT, durante la aplicación de estos expedientes de regulación temporal de empleo. Asimismo, se prorrogan hasta el 30 de septiembre, las medidas de protección del desempleo asociadas a los mismos y se establecen diferentes medidas exención del pago de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.
