5Un trabajador comunica a su responsable que va a ser padre en los próximos meses y, ese mismo día, su responsable le remite un correo informándole de sus derechos en relación con el nacimiento y cuidado de menor. A las pocas semanas, el trabajador remite a su responsable jerárquico un correo en el que le comunica la fecha prevista parta el nacimiento de su hijo y, la forma en que pensaba disfrutar del permiso de paternidad. A los dos meses, justo antes del nacimiento de su hijo, es despedido. El escaso periodo de tiempo transcurrido entre la comunicación y el despido disciplinario, aunque no se encuentre dentro de los casos con protección objetiva, ya que aún no está disfrutando del permiso, permite afirmar la existencia de un indicio de discriminación por vulneración del derecho a la igualdad (Const art.14). Se hace necesario, por tanto, que la empresa desmonte ese indicio dando una justificación objetiva y razonable del despido disciplinario. Tal justificación no ha tenido lugar, ya que no han quedado acreditados los hechos imputados en la carta de despido que ha sido declarado en instancia como improcedente, lo que no ha sido recurrido por la empresa. Por todo ello, el despido merece la calificación de despido nulo por discriminatorio. En cuanto la indemnización adicional, se condena a la empresa al pago de 6.251€ siguiendo lo establecido en la LISOS art.8.12 y 40.1.c.TSJ Madrid 7-2-22, Rec 964/21EDJ 518087
28 abril 2026
Como consecuencia de las transferencias sanitarias realizadas a las CCAA, se extingue el Comité Asesor de la hormona de crecimiento y sustancias relacionadas, órgano consultivo de información y asesoramiento sobre la prescripción correcta de estas.
4 noviembre 2025
Se sustituye el anexo en el que se fijan para el ejercicio 2025 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón por el anexo que se adjunta en la nueva orden, quedando sin efecto el publicado con fecha 31-7- 2025.
26 julio 2022
Vulnera el principio de efectividad que la normativa española supedite la efectiva responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de la normativa de la UE a ciertos requisitos. En concreto, que tenga que haber una sentencia del TJUE que declare la norma nacional con rango de ley aplicada contraria a Derecho de la UE y que esta sentencia marque la prescripción y el período de 5 años indemnizable. También es contrario al Derecho de la UE que se obligue a obtener sentencia firme contra la Administración, sin prever casos en los que no existe una actuación administrativa impugnable y el daño deriva de un acto u omisión del legislador.
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