La Dirección General de Trabajo requiere a los promotores la subsanación de diversas deficiencias en la documentación, que se presenta días más tarde. No obstante, se deniega la solicitud al considerar que no han sido subsanadas determinadas deficiencias formales. En cuanto que la AN estima la demanda y permite la inscripción de los estatutos, la Administración del Estado interpone recurso de casación ante el TS. La principal cuestión a debatir consiste en determinar si las deficiencias señaladas por la Administración justifican la denegación del depósito de los estatutos del sindicato y, por tanto, la no constitución del sindicato. Para resolver el recurso, el TS procede a examinar la posible infracción de los requisitos formales para el recurso, descartando su existencia, y se centra en los defectos alegados por la Administración:
a) Falta de especificación del destino del patrimonio en caso de disolución. El TS considera que los estatutos impugnados cumplen con la exigencia legal al establecer que será decidido por los liquidadores, sin desvirtuar el carácter no lucrativo.
b) Redacción confusa del artículo estatutario en el que se establece la "anulación" de miembros del Comité Ejecutivo (art.16). La sala entiende que, aunque la terminología es imprecisa, no vulnera las normas aplicables y puede interpretarse conforme al principio democrático exigido a la vida interna sindical.
c) Discordancia de fechas entre los estatutos y el acta fundacional. En este apartado, el TS considera que se ha producido un error material manifiesto que, no obstante, es fácilmente subsanable, por lo que no debe ser obstáculo para el depósito.
d) Incorrecta identificación de los firmantes y falta de acreditación de la delegación para presentar la solicitud. Se señala que en el expediente existe autorización suficiente y que la Administración podía requerir aclaración, no siendo motivo suficiente la falta formal para impedir el ejercicio de la libertad sindical. Por todo ello, el TS concluye que, al estar en juego la libertad sindical en su vertiente funcional de constitución de sindicatos (Const art. 28.1; LOLS art.2), no todo defecto en el depósito de los estatutos de un sindicato puede justificar su denegación. Al tratarse de un trámite necesario para la constitución del sindicato, la interpretación de las normas aplicables debe realizarse en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. En consecuencia, no procede denegar el depósito por los motivos anteriores, sin perjuicio de que la Administración pueda llevar a cabo las comprobaciones que considere pertinentes. En consecuencia, se desestima el recurso planteado, confirmando la sentencia de la AN y condenando a las costas por un importe de 1.500 euros. TS 16-10-25, Rec 66/2024EDJ 737035
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29 noviembre 2022
Se otorga a la prestación del servicio social femenino los mismos efectos que tienen la del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria en el acceso a la jubilación parcial.
3 junio 2025
La pretensión de reconocimiento de derecho y reclamación de cantidades tiene acceso al recurso cuando la primera, en cómputo anual, o la segunda, en el total de lo reclamado hasta el acto de juicio, o ambas, superan los 3.000 €.
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Por primera vez se reconoce en suplicación, por el TSJ de Cataluña, el derecho a una indemnización adicional que se suma a la legal tasada en un caso de despido objetivo que califica de improcedente, casando la de instancia. Esta indemnización adicional se limita al lucro cesante de tres mensualidades del subsidio de desempleo que el trabajador no pudo percibir al no haber podido ser incluido en el ERTE subsiguiente. Por el contrario, el TSJ de Castilla La Mancha no comparten esa postura y niegan el reconocimiento de indemnización adicional, solicitada con base en la edad de 59 años de la trabajadora cesada. A su modo de ver, ésta solo es posible si hubiera vulneración de derechos fundamentales, o se previera su abono convencional o contractualmente o atendiendo a las circunstancias de falta de readmisión o si esta se produjera de forma irregular. Consideran que la indemnización tasada es de configuración legal y no vulnera lo establecido en los convenios internacionales ratificados por España, ni resulta arbitraria.
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