La presente orden aprueba las bases reguladoras y la convocatoria del Bono Alquiler Joven. Tiene por objeto complementar y desarrollar el procedimiento previsto en la normativa estatal para facilitar la gestión y percepción del bono en Illes Balears. La ayuda consiste en 250 euros mensuales para jóvenes de hasta 35 años inclusive, concedida individualmente por dos años, con un total de 6.000 euros en 24 mensualidades, orientada a favorecer la emancipación juvenil y a contribuir a mitigar el reto demográfico.
La dotación presupuestaria se vincula a transferencias estatales, con un compromiso inicial de 4.800.000 euros para 2025 que se ajusta, tras la aplicación del régimen de remanentes de la Ley General Presupuestaria, a 1.794.026 euros. La convocatoria se integra en la planificación autonómica 2024-2026 con un coste total indicado de 34.371.339 euros, conforme al Plan Estratégico de Subvenciones y su modificación.
La tramitación, instrucción, resolución y pago corresponden a los órganos autonómicos competentes, en coordinación con la Administración General del Estado, elevándose los límites máximos de renta arrendaticia acordada en 2022 en comisión bilateral (900 euros para vivienda y 450 euros para habitación).
O Balerares 2-6-26EDL 2026/10818, BOIB 2-7-26
1 marzo 2026
La discontinuidad física en un sistema natural no es un obstáculo absoluto para su protección como espacio natural protegido, estableciendo el tribunal que la valoración debe centrarse en la continuidad ecológica y funcionalidad del sistema, lo que implica un análisis técnico y probatorio detallado en cada caso concreto.
1 mayo 2026
La inscripción o denominación de un inmueble como turístico en el título constitutivo no constituye una autorización suficiente para ejercer actividades turísticas reguladas por la reforma de la LPH, siendo necesario contar con la aprobación explícita de la comunidad de propietarios en los casos posteriores a la reforma de 2025.
1 julio 2026
La instalación de una casa prefabricada desmontable en el terreno arrendado, sin autorización escrita del arrendador, no constituye una modificación esencial o permanente de la configuración del inmueble que permita a este resolver el contrato de arrendamiento.
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