Cantabria. Parques eólicos

Las prohibiciones de disponer dictadas en procesos penales o administrativos, incluyendo aquellas ordenadas para asegurar cumplimiento de obligaciones tributarias, generan un cierre registral absoluto impuesto por el principio de prioridad registral, que afecta incluso a actos dispositivos derivados de asientos registrales anteriores. Es necesaria la autorización expresa por la autoridad que decretó la prohibición para permitir la inscripción no pudiendo ser esta soslayada por otra autoridad registral o judicial.

El tribunal refuerza la distinción entre la presunción registral respecto a la titularidad formal y la efectividad de la posesión material, evidenciando que datos descriptivos de fincas antiguos pueden no amparar la propiedad superficial y que la posesión continuada puede prevalecer aun frente a la publicidad registral. Aclara el alcance y límites de la LH art.34 y los requisitos para la usucapión con protección registral.

Delitos contra la ordenación del territorio Delitos cometidos por promotores y bien jurídico protegido. Estudio