Con efectos a partir del 26-5-2023, los beneficios fiscales recogidos en la L 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad o en cualquier otra norma tributaria estatal, referidos a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad constituidos con arreglo a dicha ley, se aplican, en los mismos términos y condiciones, a los formalizados conforme a las respectivas leyes que regulan esta materia con la misma finalidad en las distintas CCAA con competencias en esta materia.
A estos efectos, se considera que la persona con discapacidad a cuyo favor se constituye el patrimonio protegido es el titular de los bienes y derechos que integran dicho patrimonio, y que las aportaciones realizadas al mismo por personas distintas a dicho titular constituyen transmisiones a título lucrativo. L 41/2003 disp.adic.3ª redacc L 13/2023 disp.final 2ª, BOE 25-5-23; L 13/2023 disp.final 8ª, BOE 24-5-23
Ofrece a las Personas con Discapacidad, a sus abogados, asesores y empresas, el análisis más completo de toda la normativa relativa a esta materia, abordándolo desde una múltiple perspectiva: fiscalidad, ámbito laboral y de la Seguridad Social y accesibilidad.
Precio
100 €
29 abril 2025
Se introducen novedades en relación con los rendimientos del trabajo, las actividades económicas, los rendimientos de capital inmobiliario, los rendimientos de capital mobiliario, la exención por reinversión de la vivienda habitual, las modalidades de unidad familiar, las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social y las deducciones.
9 diciembre 2025
Los contribuyentes que participan en la financiación de proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la reducción del impacto ambiental, la transición energética o la economía circular tienen derecho a adquirir y aplicar las deducciones generadas por otros contribuyentes por inversiones y gastos vinculados a los referidos proyectos, y transferidas a aquellos.
28 octubre 2025
Se reduce el número de artículos dedicados a la regulación de los aplazamientos debido a que parte de su regulación ahora debe ser desarrollada por la persona titular del departamento competente en materia tributaria. Se aclaran y se incorporan mejoras técnicas sobre la tramitación y resolución de las solicitudes y se modifica la competencia para la resolución de los aplazamientos dotándola de un perfil más técnico.
Recibe los posts más recientes en tu email
