Actualidad. 27 de octubre a 2 de noviembre de 2026
Buena fe del revendedor y examen separado en el régimen del margen
La mención del régimen del margen en la factura del proveedor impide negar automáticamente su aplicación al revendedor. La falta de buena fe o de adopción de medidas razonables frente al fraude debe acreditarse por la Administración y examinarse en un procedimiento que no haga excesivamente difícil el ejercicio de ese derecho.
MF n.º 10754
MIVA n.º 3995
A través de plataformas en línea, X-GmbH comercializa joyas y relojes. Al haber recibido las
facturas de determinados productos con indicación de la aplicación del régimen del margen de beneficio, declara estas operaciones conforme a dicho régimen especial (Dir. 2006/112/CE, art. 314 y ss.; LIVA, art. 135 y ss.). Tras una inspección, la
Administración considera que algunos relojes eran nuevos y que, por ello, los proveedores no podían haber aplicado legítimamente el régimen. Como consecuencia, niega también su aplicación a X-GmbH y liquida el IVA sobre la totalidad de la contraprestación, y no únicamente sobre el margen.
El tribunal de instancia confirma las liquidaciones y considera que la buena fe de X-GmbH no podía examinarse en el
procedimiento ordinario de liquidación, porque la legislación alemana no lo contempla expresamente. A efectos de la protección de la confianza legítima, la sociedad debía solicitar posteriormente una
medida de equidad.
Ante la duda del tribunal nacional sobre la
compatibilidad de este procedimiento con la normativa de la Unión, se pregunta al TGUE si, en virtud del
principio de efectividad, una regla procesal nacional puede impedir que la buena fe y la diligencia del revendedor sean valoradas al decidir si tiene derecho al régimen del margen de beneficio.
El
razonamiento del Tribunal en este caso puede reconstruirse en cinco puntos:
- 1. El régimen de imposición del margen de beneficio (REBU) es un régimen especial. Sus requisitos materiales deben comprobarse y no puede utilizarse de manera fraudulenta o abusiva.
- 2. La irregularidad del proveedor no determina por sí sola la pérdida del régimen. La Administración debe acreditar que el revendedor no actuó de buena fe o que no adoptó las medidas razonables a su alcance para evitar participar en un fraude. Tampoco puede exigir sistemáticamente que verifique las declaraciones y los ingresos tributarios de sus proveedores (TJUE, 18-5-2017, asunto Litdana, C-624/15).
- 3. Existe autonomía procesal nacional, pero está limitada por los principios de equivalencia y efectividad. El procedimiento nacional no puede hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión.
- 4. La separación procedimental puede causar una duplicación de gastos y costas, retrasos de varios años y una posición probatoria menos favorable para el contribuyente, lo que dificulta el ejercicio de esos derechos.
- 5. La buena fe debe poder examinarse efectivamente al liquidar el impuesto. No resulta admisible relegarla a un procedimiento separado en el que el contribuyente deba invocar razones de equidad y la Administración disponga de una facultad de apreciación.
Con base en lo anterior, el Tribunal
concluye que, cuando el Derecho de la Unión condiciona la denegación a la ausencia de buena fe o de diligencia razonable, esas circunstancias deben poder examinarse de forma efectiva en el procedimiento en el que se decide el
derecho al régimen. Por tanto, lo dispuesto en la Directiva 2006/112/CE, art. 314, en relación con el principio de efectividad, se opone a la práctica nacional descrita (TGUE, 14-10-2026, asunto X-GmbH, T-569/25, ECLI:EU:T:2026:742).
