Acreditación de la movilidad reducida para la aplicación del tipo del 4% en vehículos

Actualidad. 21 a 27 de abril de 2026Acreditación de la movilidad reducida para la aplicación del tipo del 4% en vehículos

• El TEAC modifica su criterio y admite el beneficio fiscal cuando el certificado o resolución acreditativa se obtiene con posterioridad, siempre que despliegue efectos desde una fecha anterior a la adquisición del vehículo. La discapacidad o movilidad reducida puede acreditarse mediante certificado o resolución del IMSERSO u órgano autonómico competente, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. MF nº 10243MIVA nº 2310, 2319
• En este caso, la controversia se centra en la acreditación de la movilidad reducida o de la condición de persona con discapacidad en silla de ruedas exigida para aplicar el tipo reducido del 4% a la adquisición de vehículos destinados a su transporte habitual (LIVA art.91.dos.1.4º). Las partes no discuten la existencia de un grado de discapacidad igual o superior al 33%, sino si, a falta de un certificado administrativo que reconociera expresamente la movilidad reducida en ese momento, podían tomarse en consideración otros elementos probatorios para reconocer el beneficio fiscal.
• En su decisión, la Administración invoca la literalidad de la norma, que exige que la discapacidad o movilidad reducida se acredite mediante certificado o resolución del IMSERSO u órgano autonómico competente (RIVA art.26 bis.Dos). Para cuestionar esa posición, el TEAC se apoya expresamente en la jurisprudencia dictada en relación con la acreditación del grado de discapacidad a efectos del mínimo por discapacidad en el IRPF, donde el Tribunal concluye que este puede acreditarse mediante certificado o resolución del IMSERSO u órgano autonómico, pero sin perjuicio de la posibilidad de utilizar cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho (TS 8-3-23 EDJ 527736).
• A partir de ese encuadre, la resolución rechaza una lectura excluyente del certificado administrativo. Razona que ni la ley ni el reglamento afirman expresamente que ese medio probatorio sea único y excluyente. La exigencia reglamentaria cumple una función de objetivación y facilitación de la prueba, pero no autoriza a cerrar el paso a otros medios admitidos en Derecho cuando se trata de acreditar la realidad material de la situación de discapacidad o movilidad reducida en el ámbito tributario (RIVA art.26 bis.Dos.2).
• El tribunal apoya esa interpretación en la libertad probatoria reconocida con carácter general en el procedimiento administrativo y tributario, y en la necesidad de evitar una restricción injustificada de las posibilidades de defensa del obligado tributario. En esa línea, asume el criterio jurisprudencial que admite otros medios de prueba para acreditar situaciones de discapacidad a efectos fiscales, al considerar que la remisión reglamentaria al certificado administrativo no basta, por sí sola, para convertirlo en prueba tasada y exclusiva (TSJ Madrid 19-10-23, EDJ 737849; TS 19-6-25, EDJ 618376).
• Basado en el anterior, el TEAC proporciona los siguientes criterios: 1.Se admite la aplicación del tipo impositivo reducido en la adquisición de un vehículo para una persona con movilidad reducida, aunque no se contara con el certificado acreditativo en el momento de la adquisición, siempre que dicho certificado se obtuviera posteriormente con efectos desde una fecha anterior a la adquisición del vehículo. Esto supone un cambio de criterio respecto a los mantenidos en TEAC 28-4-09RG 00-1659-2007, TEAC 15-12-09RG 00-03646-2008 y TEAC 23-4-19EDD 2019/22629.
  2.El grado de discapacidad o la movilidad reducida resultará acreditado mediante certificado o resolución del IMSERSO u órgano competente de la comunidad autónoma, sin perjuicio de poder utilizar cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. TEAC 24-3-26EDD 2026/546216 TEAC 24-3-26EDD 2026/546217
• La resolución no deroga ni neutraliza el reconocimiento previo de la AEAT, ni rebaja los requisitos materiales que establece la norma del impuesto, pero matiza la posibilidad que la Administración deniegue automáticamente el beneficio cuando una resolución posterior, acompañada de prueba clínica y funcional suficiente, demuestra que la movilidad reducida o la necesidad de silla de ruedas ya existía en la fecha relevante.