El nuevo Reglamento establece un sistema común para el retorno efectivo de nacionales de terceros países en situación irregular. Combina un procedimiento común con mecanismos de cooperación, reconocimiento de decisiones entre Estados miembros y herramientas digitales. MADM n.º 4930, s. 5 El Reglamento tiene prevista su entrada en vigor el 16-10-2026, pero es aplicable a partir del 17-10-2027, salvo algunos artículos. Se aplica, como regla general, a los nacionales de terceros países en situación irregular, pero no a los beneficiarios del derecho a la libre circulación conforme al Derecho de la Unión. Su aplicación se entiende sin perjuicio de los reglamentos europeos sobre gestión del asilo y la migración, procedimiento de protección internacional y procedimiento fronterizo de retorno. Establece exclusiones para determinados supuestos de denegación de entrada, interceptación con ocasión del cruce ilegal de fronteras exteriores, retorno como sanción penal o consecuencia de ella y extradición. Los Estados miembros pueden decidir aplicar el Reglamento a algunas de esas categorías, en las condiciones previstas en su artículo 2. Para determinados supuestos fronterizos excluidos se mantienen garantías mínimas y el respeto del principio de no devolución.
Decisión de retorno y plazo de salida
La regla general es que, cuando las autoridades dicten una decisión de retorno que imponga la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros, esta decisión debe señalar la salida inmediata o en un plazo que, en principio, no exceda de 30 días. No obstante, puede fijarse un plazo superior atendiendo a las circunstancias específicas del caso, así como prorrogarse el inicialmente concedido. El incumplimiento de la obligación de cooperación puede justificar su reducción. La decisión debe constar por escrito, expresar sus motivos de hecho y de derecho e informar de las vías de recurso y sus plazos. Previa petición, deben traducirse, oralmente o por escrito, sus elementos principales a una lengua que el interesado comprenda o sea razonable presumir que comprende. Existen restricciones específicas a la comunicación de determinados motivos, preservándose la información esencial necesaria para la tutela judicial efectiva. Se contemplan diversas excepciones: no se puede dictar una decisión de retorno contra quien tenga un permiso de residencia válido, un visado de larga duración u otra autorización de estancia expedidos por otro Estado miembro. En ese supuesto se exige el traslado inmediato a dicho Estado; el incumplimiento o determinadas razones de orden público o seguridad permiten adoptar las actuaciones previstas en el Reglamento.
Expulsión y protección frente a la devolución
El Reglamento contempla la expulsión, entre otros casos, cuando no se cumple la obligación de salida, falta cooperación con las autoridades o se produce un traslado no autorizado a otro Estado miembro. También admite otros motivos cuando la expulsión resulte necesaria y proporcionada conforme al Derecho nacional. Aun así, los Estados pueden autorizar o facilitar el retorno voluntario, especialmente si garantiza un retorno más rápido y efectivo. Antes de ejecutar la expulsión deben determinarse uno o varios países de retorno. Cuando existan indicios pertinentes de vulneración del principio de no devolución, procede la remisión al procedimiento adecuado —incluido, cuando corresponda, el de asilo— o la evaluación de su compatibilidad con dicho principio. Las medidas coercitivas deben ser necesarias y proporcionadas, sin superar la fuerza razonable y respetando la dignidad e integridad física de la persona.
Medidas para garantizar el retorno
Para preparar y asegurar el retorno, los Estados pueden imponer obligaciones de permanencia en una zona geográfica, residencia en una dirección o lugar determinados y comparecencia ante las autoridades. Estas medidas deben ser compatibles con las necesidades especiales de las personas vulnerables y con el interés superior del niño. Como alternativas al internamiento se contemplan una garantía financiera adecuada, el control telemático y otras medidas previstas en el Derecho nacional. Su adopción debe atender a las circunstancias individuales, estar motivada y comunicarse por escrito. Las decisiones quedan sujetas a revisión judicial, de oficio o a instancia del interesado.
Retorno mediante acuerdos con terceros países
Determinados retornos a terceros países requieren un acuerdo o convenio que respete el Derecho internacional, incluido el principio de no devolución. Debe regular los procedimientos, las condiciones de estancia, las responsabilidades de las partes y las consecuencias de su incumplimiento o de cambios negativos relevantes en el país de retorno. Si contempla un retorno ulterior, exige garantías adicionales, entre ellas un mecanismo independiente de supervisión. Los menores no acompañados no pueden ser retornados mediante estos acuerdos.
Dimensión común europea
El sistema incluye el reconocimiento y ejecución de decisiones entre Estados miembros, sistemas digitales para retorno, readmisión y reintegración, cooperación administrativa, capacidad de internamiento ajustada a las necesidades reales y apoyo financiero y operativo de la Unión. El desarrollo digital debe aprovechar las infraestructuras existentes y los sistemas interoperables europeos, sin generar cargas adicionales de notificación o procedimiento para los Estados. Además, prevé una orden europea de retorno, con los elementos principales de la decisión de retorno y, en su caso, de expulsión, cuya puesta a disposición se articula a través del Sistema de Información de Schengen. Reglamento (UE) 2026/2280, DOUE de 15-10-2026
Nota
Como se ha comentado, el Reglamento es aplicable a partir del 17-10-2027, salvo los artículos 1, 2.1, 2 y 3, 3.3, 4, 5.13 y 15, 14 a 16, 34, 35, 41, 43 y 47 a 49, que son aplicables a partir del 16-10-2026. Se derogan la Directiva 2008/115/CE, la Directiva 2001/40/CE y la Decisión 2004/191/CE, con efectos a partir del 17-10-2027.