8La controversia se centra en la composición de la comisión de seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, regulado por el RD 100/2025 art.10.2, precepto que fue modificado por RD 561/2025, sustituyendo la mención de «organizaciones sindicales que tengan la condición de más representativas» por «organizaciones sindicales de mayor implantación».
El preámbulo de la norma modificadora (RD 561/2025) justifica la modificación indicando que la mayor implantación de las organizaciones sindicales debe entenderse como «más representativas» en los términos previstos en la legislación laboral y sindical.
La organización recurrente no cuestiona la nueva redacción del precepto, que considera ajustada a Derecho, sino el inciso del preámbulo que identifica la mayor implantación con la mayor representatividad sindical y el efecto que ello puede tener en la interpretación del precepto reglamentario reformado.
El Tribunal Supremo parte del valor del preámbulo como elemento interpretativo, pero recuerda que carece de valor normativo y no puede ser objeto de impugnación autónoma cuando no se combate también el articulado al que se refiere. Solo pierde su valor interpretativo cuando se anula el precepto al que se refiere o cuando la interpretación que contiene ha sido rechazada por una resolución judicial que afecta al articulado.
La doctrina constitucional que admite que la nulidad de un precepto prive de eficacia interpretativa al pasaje del preámbulo que lo glosa no autoriza, por sí sola, a anular un inciso del preámbulo desligado de la impugnación del texto dispositivo.
En este caso no existe esa proyección normativa. El texto del artículo es inequívoco: la Comisión debe integrar a las organizaciones sindicales de mayor implantación en el año anterior a su designación. La explicación contenida en el preámbulo, aunque pueda estar formulada con mayor o menor acierto, no altera el tenor del precepto ni permite convertirlo en una exigencia de mayor representatividad. La Administración no puede apoyarse en el preámbulo para aplicar un criterio contrario al artículo reglamentario.
La Sala rechaza además que el recurso pueda emplearse con una finalidad preventiva frente a eventuales interpretaciones futuras de la Administración contrarias al tenor literal de la norma. Mientras no exista un acto de aplicación que desconozca la redacción vigente del precepto, no cabe construir la lesión sobre una hipótesis de aplicación incorrecta del reglamento. La eventual exclusión futura, si se produce por una aplicación administrativa contraria al criterio de mayor implantación, deberá impugnarse frente al acto concreto de designación. TS 9-4-26, EDJ 557627
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