1 enero 2026
Cataluña: modificaciones en materia de régimen local
La Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público modifica algunos aspectos en materia de régimen local.
La validez de un permiso extranjero no exime de la prohibición de conducir en España cuando existe una suspensión administrativa por pérdida total de puntos, incluso para conductores no residentes. MTRA nº 7251, 2426
Un ciudadano de un país de la Unión Europea residente en España, fue condenado por la comisión en 2024 de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo sin estar habilitado para ello, por pérdida de vigencia de su permiso español por agotamiento de puntos, sin haber realizado el curso de reeducación vial y las pruebas exigidas para recuperar el permiso. El condenado recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, alegando como nueva prueba, la existencia de un permiso extranjero en vigor, canjeado desde el permiso español, y el hecho de que el condenado residía y trabajaba en su país, sosteniendo que dicha circunstancia haría válida su conducción en territorio español conforme a la normativa europea.
El TS rechaza su pretensión, destacando en su argumentación que:
Por tanto, el TS desestima la revisión, declarando que la conducción en España tras la pérdida de vigencia del permiso nacional no puede ser subsanada mediante la mera tenencia de un permiso válido expedido en otro Estado cuando subsiste la prohibición administrativa española. TS 16-7-25, EDJ 650461
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1 enero 2026
La Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público modifica algunos aspectos en materia de régimen local.
1 febrero 2026
Hay que valorar la concurrencia de culpas en accidentes derivados del mal estado de las vías públicas, equilibrando la obligación de mantenimiento de la Administración con el deber de cuidado de los usuarios, y la necesidad de señalización adecuada para prevenir riesgos, lo que implica una aplicación matizada del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial administrativa.
1 junio 2026
Se establecen los principios y requisitos que deben cumplir los formularios, asegurando que sean universalmente accesibles, intuitivos, comprensibles y que minimicen la solicitud de datos ya obrantes en las Administraciones públicas. Además, se fomenta el uso de tecnologías avanzadas para la precarga y validación automática de datos, promoviendo la interoperabilidad entre Administraciones públicas y el uso de asistentes conversacionales para la cumplimentación guiada. También se regulan mecanismos de revisión de los formularios y un sistema de retroalimentación ciudadana para su mejora continua.
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