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Su aplicación se limita a los municipios que tengan la condición de «municipio rural» según el Estatuto de municipios rurales.
En materia de contratación, en obras situadas en municipios rurales, se permite contratar conjuntamente proyecto y ejecución. Además, se habilita que Infraestructures.cat y La Energética puedan configurarse estatutariamente como medios propios de entidades locales para facilitar encargos directos dentro de su objeto social.
En materia de urbanismo, se incorpora el POUM rural, un planeamiento general simplificado para municipios de baja densidad, con documentación adaptable y contenido mínimo centrado en ordenar el suelo urbano, prever compleción o crecimientos moderados justificados en la memoria social y regular el suelo no urbanizable por remisión al planeamiento superior. Además, se posibilitan normas de planeamiento urbanístico de vigencia indefinida para delimitar y calificar suelo urbano y no urbanizable, aprobables por el propio municipio con informe vinculante de la comisión territorial e información pública, o solicitables al departamento competente.
Se regulan los vecindarios rurales tradicionales, es decir, los núcleos en suelo no urbanizable con más de 100 años, que los municipios pueden delimitar por planeamiento general o plan especial, permitiendo determinadas rehabilitaciones, ampliaciones y, en su caso, sustituciones o completado, con especial atención a la integración paisajística.
Además, se crea el inventario municipal de edificaciones en suelo no urbanizable, que habilita ciertos usos (residencia habitual en supuestos concretos, actividades artesanales/artísticas, transformación agraria o forestal, profesiones liberales ligadas a residentes y equipamientos sociales) y permite ampliaciones hasta 150 m², con licencia municipal e integración paisajística. El inventario lo aprueba el pleno con información pública e informe preceptivo de la comisión territorial.
En vivienda protegida, los POUM rurales y las normas de planeamiento de municipios rurales quedan exentos de la reserva mínima obligatoria, y si se prevén reservas deben ser proporcionadas y justificadas.
Se refuerza la coordinación: tras la aprobación definitiva de instrumentos por el ayuntamiento, debe entregarse en un mes la documentación completa a la comisión territorial, siendo requisito para la publicación del acuerdo.
Finalmente, se deroga un precepto reglamentario para eliminar un informe preceptivo de la comisión territorial en determinadas actuaciones en suelo no urbanizable.
DL Cataluña 6/2026, DOGC 6-5-261 diciembre 2025
Actualización del sistema de recepción, salida y registro de documentos en Canarias, en línea con la digitalización y simplificación administrativa, eliminando la dualidad de registros, creando oficinas con nuevas funciones presenciales y adaptando la normativa autonómica a las bases estatales en materia de administración electrónica.
1 diciembre 2025
Se renueva en profundidad el régimen jurídico aplicable al patrimonio autonómico, adaptándolo a la legislación básica estatal y a la jurisprudencia constitucional más reciente. Entre las principales novedades destacan: la implantación de la Plataforma de Publicidad Patrimonial, la regulación de mecanismos de economía circular para la gestión eficiente de bienes muebles, nuevas figuras y procedimientos en negocios patrimoniales, la adaptación de edificios administrativos y la introducción de un régimen propio y detallado de protección y defensa del patrimonio, así como su régimen sancionador. Además, la ley actualiza la regulación de las relaciones interadministrativas y urbanísticas.
1 junio 2026
Se modifica la regulación del procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid, para desarrollar la evaluación ex post e incorporar un procedimiento especial para la tramitación de determinados anteproyectos de ley.
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