Castilla-La Mancha: Espectáculos públicos y actividades recreativas

1 octubre 2026

Actualidad Administrativa. Octubre de 2026

Castilla-La Mancha: espectáculos públicos y actividades recreativas

Se regulan los espectáculos públicos y las actividades recreativas desarrollados en Castilla-La Mancha, tanto en establecimientos públicos como en espacios abiertos, con independencia del carácter público o privado del organizador, de su finalidad lucrativa y de su carácter habitual u ocasional.
MADM n.º 1100. MMA n.º 8047. 3

Ámbito y potestades administrativas

La Ley somete las actividades incluidas en su ámbito a un título habilitante, que puede consistir en el justificante de presentación de una declaración responsable o en una autorización administrativa.
Se excluyen, entre otras, determinadas celebraciones estrictamente privadas, actividades vinculadas al ejercicio de ciertos derechos fundamentales, celebraciones religiosas y actividades turísticas. La exclusión no dispensa del cumplimiento de la normativa sectorial sobre seguridad, protección civil, medio ambiente, salud pública, accesibilidad o menores.
La Administración puede prohibir o suspender los espectáculos y las actividades en los supuestos previstos legalmente, incluidos determinados riesgos graves para el orden o la seguridad y las «fiestas ilegales». Como regla general, se exige resolución motivada, ponderación de intereses y respeto de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima intervención, salvo que exista un riesgo grave e inminente.

Distribución de competencias

La Administración autonómica asume, entre otras funciones, determinadas autorizaciones supramunicipales o sectoriales, competencias sobre horarios, inspección y control de las actividades sometidas a su intervención, prohibición y suspensión, emisión de ciertos informes vinculantes y potestad sancionadora en los casos legalmente establecidos. Puede ejercer subsidiariamente determinadas funciones municipales de inspección y control, previa inactividad municipal tras el correspondiente requerimiento.
Los ayuntamientos reciben y comprueban las declaraciones responsables y conceden las autorizaciones de su competencia; ejercen funciones de inspección y control; pueden establecer determinadas restricciones y horarios especiales, y ejercen la potestad sancionadora cuando corresponda.

Organización administrativa

Se crea la Comisión Regional de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, como órgano colegiado consultivo, de coordinación y asesoramiento de las Administraciones autonómica y local. También se crea un Registro autonómico, con una sección para las sanciones firmes en vía administrativa y otra para el personal habilitado de control de acceso. Extinguida la responsabilidad, procede la cancelación automática de los antecedentes del infractor.

Declaración responsable y autorización

La declaración responsable previa constituye el régimen general de intervención. La declaración responsable habilita para celebrar la actividad, sin perjuicio del posterior control administrativo. Su falta de presentación o la falsedad, inexactitud u omisión esencial pueden determinar la imposibilidad de iniciar o continuar la actividad.
La autorización previa se exige en los supuestos expresamente establecidos, entre ellos: estructuras eventuales o desmontables, aforos superiores a 150 personas, actividades en espacios abiertos o que afecten a varios municipios, determinadas actividades con animales salvajes, pirotecnia, sesiones para menores y ciertas actividades deportivas o taurinas.
El procedimiento de autorización se inicia a instancia del interesado. Si existen defectos documentales, procede requerir la subsanación durante un plazo de 10 días. El plazo general para resolver es de 3 meses. El silencio es, en principio, positivo, pero es desestimatorio cuando la actividad vaya a desarrollarse total o parcialmente en vías públicas o en dominio público.
Las autorizaciones tienen, como regla general, vigencia indefinida. Las modificaciones sustanciales requieren una nueva autorización; las no sustanciales, una comunicación. La autorización puede extinguirse por renuncia, revocación, caducidad o cumplimiento de su plazo.

Administración electrónica y terceros interesados

Están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones competentes los titulares de establecimientos, organizadores, prestadores y artistas o ejecutantes. Las solicitudes y declaraciones se presentan electrónicamente, y las actuaciones de intervención, inspección y control se notifican por esa vía.
Las terceras personas interesadas pueden ser oídas en determinados procedimientos, formular quejas por molestias que afecten a la convivencia o al descanso —que deberán recibir respuesta administrativa en un plazo máximo de un mes— y acceder a la información en los términos legalmente establecidos.

Inspección y control

Las Administraciones autonómica y local disponen de potestades de inspección, control, prohibición, suspensión, clausura y adopción de medidas provisionales. Se establece un Plan de inspección autonómico, aplicable a las inspecciones autonómicas y municipales, con una vigencia de 2 años, prorrogables por otros 2. También se prevén programas de inspección compartidos con los ayuntamientos.
Los funcionarios inspectores habilitados tienen la condición de agentes de la autoridad, y sus actas gozan de presunción de veracidad respecto de los hechos constatados, salvo prueba en contrario. Las irregularidades que no afecten a la seguridad ni a determinadas condiciones de insonorización pueden ser objeto de subsanación previa al procedimiento sancionador, concediéndose un plazo de, al menos, 15 días.
En situaciones de urgencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden adoptar directamente medidas como la suspensión, el desalojo, el precinto o la inmovilización de bienes. Deben comunicarse al órgano competente en el plazo de 2 días, y este dispone de 5 días para confirmarlas, modificarlas o levantarlas. En otro caso, quedan automáticamente levantadas.

Régimen sancionador

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Las sanciones, consistentes en multas, son de 150 a 2.000 euros, de 2.001 a 20.000 euros y de 20.001 a 300.000 euros, respectivamente. La graduación debe atender, entre otros factores, a la persistencia, la obstrucción, la intencionalidad, la afectación de personas especialmente protegidas, el beneficio económico y la reincidencia.
Para evitar que la infracción resulte económicamente beneficiosa, la multa puede incrementarse hasta el doble del beneficio obtenido. Pueden imponerse sanciones accesorias, como la inhabilitación del título habilitante, la suspensión de la actividad y el decomiso.
En cuanto a la competencia sancionadora, los ayuntamientos son, en principio, competentes respecto de las infracciones leves y graves vinculadas a los títulos habilitantes de su competencia; la Administración autonómica lo es, entre otros casos, respecto de las infracciones muy graves.
El procedimiento sancionador debe resolverse y notificarse en el plazo de 9 meses. Transcurrido dicho plazo, se produce su caducidad, sin impedir la iniciación de otro procedimiento mientras la infracción no haya prescrito. Se regula asimismo el principio de non bis in idem y la coordinación con la jurisdicción penal.

Régimen transitorio

Los espectáculos y las actividades que ya dispongan de licencia, autorización o título equivalente al entrar en vigor la Ley no necesitan obtener un nuevo título habilitante mientras no cambien o amplíen su actividad en los términos previstos legalmente.
Los procedimientos sancionadores iniciados anteriormente continúan conforme a la normativa vigente al iniciarse, sin perjuicio de aplicar la nueva regulación cuando resulte más favorable al infractor.
Los municipios deben adaptar sus ordenanzas en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley.
Ley de Castilla-La Mancha 6/2026, DOCM de 8-10-2026. La norma entra en vigor el 8-1-2027.

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