Actualidad Administrativa. Octubre 2026
Asturias: igualdad real y efectiva de derechos de las personas LGTBI y de sus familias
La ley establece principios, medidas y procedimientos para garantizar la igualdad real de las personas LGTBI y sus familias y erradicar la discriminación. Comprende actuaciones de los poderes públicos autonómicos y locales, así como derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas. La ley contempla específicamente la atención integral de las personas trans y la protección de las personas intersexuales frente a la violencia sanitaria y las prácticas médicas nocivas sobre sus características sexuales.
MADM n.º 3285 4
La ley, cuya entrada en vigor está prevista para el 23-12-2026, regula las siguientes cuestiones con incidencia en el derecho administrativo:
Organización, participación y evaluación
Se crea el
Conseyu de Participación LGTBI, que asume las funciones del Observatorio Asturiano contra la LGTBI-fobia. Es el máximo órgano de participación ciudadana en esta materia y el órgano consultivo de las Administraciones autonómica y locales. Queda adscrito a la consejería competente en diversidad sexual y derechos LGTBI.
Su composición y funciones se concretarán reglamentariamente, con mayor peso de las asociaciones especializadas y de las personas expertas.
Debe elaborar un
informe anual sobre la situación del colectivo, el cumplimiento de la ley y su impacto social, que deberá presentarse públicamente y remitirse a la Junta General.
Contratación pública
Se establecen tres previsiones especialmente relevantes para los órganos de contratación:
- Incorporar la promoción de la igualdad y la no discriminación siempre que exista vinculación con el objeto del contrato, mediante cláusulas sociales que tengan en cuenta planes, estrategias y medidas efectivas de igualdad y diversidad.
- Verificar la existencia del plan LGTBI cuando resulte obligatorio, conforme al marco estatal.
- No contratar con personas incursas en prohibición de contratar por infracciones graves o muy graves en esta materia, de conformidad con la legislación de contratos del sector público.
Servicios públicos y políticas sectoriales
La ley proyecta sus objetivos sobre distintos ámbitos de actuación administrativa:
- Educación: prevención y protección frente al acoso escolar; programas de información y prevención; informe anual de la consejería al Conseyu; e incorporación de contenidos de igualdad y diversidad al currículo.
- Universidad: protección de toda la comunidad universitaria, atención frente a la violencia o el acoso e incorporación de medidas específicas a los planes o estrategias antidiscriminatorias.
- Sanidad: integración de las necesidades específicas LGTBI en estrategias, planes, programas y actuaciones sanitarias, así como un protocolo para detectar y comunicar situaciones de violencia o acoso.
- Cultura y ocio: deber de las Administraciones autonómica y locales y de su sector público de velar por la igualdad y promover un derecho de admisión no discriminatorio.
- Deporte: medidas de respeto a las personas LGTBI en eventos organizados, patrocinados o financiados por entidades públicas. En aseos y vestuarios se reconoce el acceso de las personas transexuales conforme a su sexo legal y se garantizan espacios individuales para quien los solicite.
Cooperación, subvenciones y atención a personas extranjeras
En cooperación internacional se deben impulsar
proyectos de protección de los derechos LGTBI. Los concejos que financien actuaciones de cooperación también deben tener presente esa protección.
Para valorar
proyectos subvencionables, puede atenderse a la integración de la diversidad sexual y al apoyo a iniciativas locales de inclusión.
La Administración autonómica debe velar, dentro de sus competencias, por la igualdad de las
personas LGTBI extranjeras, con independencia de su situación administrativa; facilitar el acceso a recursos especializados, y coordinarse con la Administración General del Estado en la atención a solicitantes de asilo.
L Asturias 7/2026, BOPA 23-10-26