La nueva regulación actualiza el concepto de patrimonio histórico y lo sustituye por un enfoque amplio de patrimonio cultural material e inmaterial. Simplifica los niveles de protección, refuerza la conexión con la planificación urbanística y territorial y ordena el régimen de intervención, inspección y sanción sobre los bienes culturales.
MADM nº 352 2
Con una entrada en vigor prevista para el 7-4-2027, la norma reorganiza el sistema andaluz de tutela del patrimonio cultural desde un concepto más amplio que el tradicional patrimonio histórico. El patrimonio cultural pasa a comprender no solo los bienes inmuebles y muebles de valor histórico o artístico, sino también el patrimonio inmaterial, industrial, audiovisual, etnológico, documental, bibliográfico, arqueológico y subacuático.
Una de las principales novedades es la simplificación de los niveles de protección. La Comunidad Autónoma conserva dos categorías principales: los bienes de interés cultural, reservados a los de valor más relevante, y los bienes de interés patrimonial, para aquellos de notable relevancia y especial significación cultural. El término «bien catalogado» queda limitado a los bienes incluidos por los ayuntamientos en los catálogos urbanísticos, como tercer nivel de protección.
En materia inmobiliaria y urbanística, la ley refuerza la conexión entre patrimonio cultural, ordenación del territorio y urbanismo. La protección de determinados bienes de interés cultural debe integrarse en los instrumentos de ordenación urbanística, mediante ordenación detallada, planes especiales y catálogos. También se prevé la delimitación de entornos no solo para bienes de interés cultural, sino también para bienes de interés patrimonial.
La regulación incorpora nuevas categorías de protección de bienes inmuebles, como el paisaje cultural y las vías culturales. El paisaje cultural se configura como una parte del territorio con valores materiales e inmateriales, resultado de la interacción entre la naturaleza y la actividad humana, y permite proteger ámbitos territoriales que no encajan adecuadamente en las categorías clásicas de monumento, conjunto histórico o zona arqueológica.
Desde la perspectiva de la conservación, se ordenan los distintos modelos de intervención sobre bienes de interés cultural y bienes de interés patrimonial: investigación, puesta en valor, mantenimiento, conservación, restauración y rehabilitación. Las intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación se articulan mediante proyecto de conservación, con criterios generales y específicos según la categoría del bien.
También se concreta el régimen de autorizaciones y declaraciones responsables para intervenciones en bienes muebles e inmuebles inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural de Andalucía, así como en los inmuebles incluidos en sus entornos. La ley diferencia el régimen común de protección aplicable a todos los bienes integrantes del patrimonio cultural, el régimen reforzado de los bienes inscritos en el Registro General y el régimen de los bienes catalogados urbanísticamente.
La norma dedica una regulación específica a los patrimonios especiales. En patrimonio arqueológico se clarifican las actividades sometidas a autorización o declaración responsable y se incorpora una sección propia para el patrimonio cultural subacuático. En patrimonio etnológico se refuerza la protección del patrimonio inmaterial y la participación de las comunidades portadoras. En patrimonio industrial se introduce una visión integral que atiende al continente, al contenido y al paisaje asociado.
El régimen institucional también se amplía. Se regulan las instituciones del patrimonio cultural, los espacios culturales y los enclaves culturales, permitiendo la exposición permanente al público de bienes de interés cultural de carácter inmueble, con garantías de conservación y seguridad. Además, se admite que conjuntos y enclaves culturales puedan ser de titularidad pública distinta de la autonómica o de titularidad privada.
Finalmente, la ley sistematiza las medidas de fomento, incorpora referencias a beneficios fiscales y patrocinio privado, y actualiza el régimen de inspección y sanción. La actividad inspectora se somete a planificación mediante un plan específico, mientras que el régimen sancionador se adapta a las nuevas categorías, obligaciones y modelos de intervención previstos en la norma.
