Actualidad Concursal. Octubre 2025
Homologación de plan de reestructuración y extensión de efectos a garantías intragrupo
La Audiencia Provincial aprecia un defecto formal insalvable en el plan de reestructuración al no prever expresamente la extensión de efectos a la garantía hipotecaria otorgada por una sociedad del grupo. La medida, crucial para la viabilidad del plan, no puede introducirse en el auto de homologación si no figura en el propio plan, lo que obliga a revocar la extensión acordada. MCON nº 329, 584
31El recurso se centra en que el plan homologado no contenía mención alguna a la extensión de efectos a la hipoteca constituida por una sociedad patrimonial del grupo en garantía de un préstamo participativo. La Sala constata que esta omisión afecta al cumplimiento de los requisitos de comunicación, contenido y forma exigidos por la normativa concursal (LCon art.627, 633 y 654). Aunque el art.633 LCon no cite expresamente la extensión de efectos como contenido obligatorio del plan, cuando se trata de una medida que limita los derechos de un acreedor frente a un garante no deudor, su incorporación al plan es ineludible.
El tribunal subraya que las garantías otorgadas por terceros a favor de acreedores disidentes son en principio inmunes a la reestructuración (LCon art.652.1). Solo pierden esa inmunidad si el plan solicita expresamente la extensión de efectos y se cumplen los requisitos legales para acordarla. En este caso, la ausencia de toda referencia en el plan supone que la medida nunca fue sometida a conocimiento de los acreedores ni a la disciplina de mayorías, vulnerando el principio de cognoscibilidad y contradicción.
La Sala rechaza el argumento de que la extensión estaba implícita por la novación del plazo de amortización. Precisamente porque la garantía pertenece a una sociedad ajena al plan, el acreedor disidente conserva su derecho a ejecutarla, y para restringirlo era indispensable que el plan lo recogiera de manera clara. Al no hacerlo, la extensión introducida por el auto judicial desbordó los límites del control de homologación, que no puede crear contenido no previsto.
En conclusión, la Audiencia califica la omisión como un defecto formal invalidante, pues se trataba de una medida esencial para la viabilidad del plan que debió integrarse en el texto presentado. Su ausencia determina la estimación del recurso y la revocación de la extensión acordada, sin necesidad de valorar la concurrencia de los requisitos materiales.AP Barcelona 25-4-25, EDJ 641256
1 mayo 2026
Se declara la nulidad del cese del consejero designado por representación proporcional debido a que, si bien el cese no exige justa causa, en este caso el acuerdo de la junta se ha adoptado con abuso de derecho de la mayoría, como represalia injustificada contra el consejero cesado.
1 julio 2026
El derecho de regreso ejercitado mediante la acción de reembolso que asiste al deudor solidario que paga el total de la deuda (solvens) comporta, en virtud del pago realizado, el nacimiento de un nuevo crédito del solvens contra los otros codeudores solidarios para reclamarles el porcentaje de deuda que a cada uno corresponde. En este caso, cuyo origen es un procedimiento civil contra los agentes de la edificación por vicios ocultos en la construcción, la aseguradora del arquitecto pagó el total de la indemnización, ejercitando posteriormente la acción de reembolso contra el otro codeudor solidario (la sociedad promotora inmobiliaria) y sus administradores, los cuales fueron condenados junto con la sociedad debido a que, cuando la aseguradora efectuó el pago, la sociedad estaba desde hacía tiempo en causa de disolución sin que sus administradores promoviesen la disolución social o la remoción de la causa.
1 julio 2026
Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, socios y terceros, de ahí que si, en caso de prenda de participaciones, confieren al socio pignorante el ejercicio de los derechos de socio, es éste -y no el acreedor pignoraticio- quien tiene el derecho de voto en las juntas generales, siendo ineficaz el pacto privado que atribuye al acreedor pignoraticio el ejercicio de tales derechos. Por esta razón, se rechaza la inscripción de los acuerdos adoptados en una junta en la que, en contra de lo previsto en los estatutos, un acreedor pignoraticio se auto atribuyó todos los derechos de voto de la sociedad para acordar el cese de administradores y nombramiento de administrador único.
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