4 Un empleado de banca se acoge a un acuerdo de prejubilación y extingue su contrato de trabajo. Tal situación durará hasta que cumpla 64 años. Durante ese periodo, la empresa mantendrá las aportaciones al plan de pensiones por jubilación como si estuviera en activo.Posteriormente y por motivos económicos, la empresa acuerda: - la suspensión durante 3 años y medio de las aportaciones a todos los partícipes de los planes de pensiones por la contingencia de jubilación; - un plan de recuperación de las cantidades dejadas de aportar al plan, tanto ordinarias como adicionales, durante los 7 años siguientes, con aportaciones excepcionales para aquellos que se mantengan en activo y para quienes causen baja durante la suspensión o después y antes de finalizar la recuperación.El empleado se jubila en el periodo de suspensión de las aportaciones y, cuando llega el periodo de recuperación, reclama las aportaciones ordinarias y adicionales dejadas de percibir.El JS condena al banco a abonar al empleado las aportaciones ordinarias y adicionales y el TSJ añade, además, una importante cuantía en concepto de aportación extraordinaria.La empresa recurre al TS en casación para unificación de doctrina, a fin de determinar si el empleado prejubilado tiene derecho a que el banco efectúe las aportaciones extraordinarias al plan de pensiones correspondientes al periodo en que estuvieron suspendidas.El Alto Tribunal alude a sentencias que resolvieron la misma cuestión y reitera sus argumentos (TS 18-1-23, EDJ 501163; 30-5-23, EDJ 582520). Respecto a los trabajadores prejubilados, el acuerdo exige que la fecha de baja en la empresa, que es la de prejubilación y no la de jubilación ordinaria, esté dentro del periodo de suspensión y recuperación, lo que no ocurre en el caso del demandante. Por lo que confirma la sentencia de instancia y limita la condena al banco a las aportaciones ordinarias y adicionales dejadas de percibir, pero no a la extraordinaria.TS 3-10-23, EDJ 706636
19 diciembre 2023
La reclamación del recargo de prestaciones interrumpe el plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios derivada de un accidente laboral cuando es el trabajador quien solicita el recargo, no cuando se promueve de oficio.
1 octubre 2025
No cabe practicar el depósito de las cuentas anuales cuando la convocatoria de la junta general omite toda mención al derecho específico de información del art.272.2 LSC. Dicha omisión es un defecto insubsanable, al vulnerar un derecho esencial de los socios. La simple alusión al art.197 LSC o la remisión a la web corporativa no cumple con el deber legal de informar expresamente sobre el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación.
1 octubre 2025
La declaración de concurso no afecta al regular funcionamiento de la junta general en cuanto órgano social de formación de la voluntad de la sociedad que no desarrolla funciones de administración ni actos de disposición; por lo que la administración concursal no puede interferir en la adopción de acuerdos de la junta, pudiendo asistir y emitir opinión, pero no votar, y mucho menos vetar sus decisiones. Con carácter excepcional, requieren su autorización los acuerdos con “contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso”, pero esta excepción no alcanza a los acuerdos propios del devenir ordinario de su vida social, como el cese y nombramiento de administradores.
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