Responsabilidad del abono de las indemnizaciones en caso de extinción del contrato por acoso laboral

1 octubre 2024

Actualidad. 24 a 30 de septiembre de 2024

Responsabilidad del abono de las indemnizaciones en caso de extinción del contrato por acoso laboral

La responsabilidad del pago de la indemnización por extinción del contrato por acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales recae, exclusivamente, en el empresario, aunque el administrador único responsable del acoso sea condenado solidariamente, junto con la empresa, al abono de la indemnización por vulneración de derechos fundamentales.
  • MIRL nº 7050, 3208

El trabajador insta la resolución de su relación laboral con la empresa por acoso laboral, después de una serie de incidentes que incluyeron un intento de agresión por parte del administrador único y una baja por incapacidad temporal, tras lo cual se vio privado de sus herramientas de trabajo y sus funciones. El juzgado de lo social estima la demanda y condena, exclusivamente, a la empresa al abono de una indemnización de 61.128 euros por la extinción del vínculo contractual y, solidariamente, a la empresa y al administrador al abono de una indemnización de 7.501 euros por vulneración de derechos fundamentales. En auto de aclaración de sentencia, y acogiendo íntegramente las pretensiones del trabajador, se condena también al administrador como responsable solidario en el abono de la indemnización por la extinción del contrato. Recurrida en suplicación, el TSJ Galicia estima parcialmente el recurso y declara la nulidad del auto de aclaración, condenando exclusivamente a la empresa al abono de la indemnización por despido improcedente.La jurisdicción social es competente para enjuiciar acciones dirigidas contra terceros que no sean el empresario vinculados con este en virtud de cualquier título. Por tanto, constando en la declaración de hechos probados la existencia de una situación de acoso laboral y una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, cuyo autor material es el administrador único recurrente, es lícita su condena solidaria junto con el empresario en relación con las consecuencias económicas de dicha vulneración de derechos. Sin embargo, distinta es la conclusión respecto a la responsabilidad en el abono de la indemnización derivada de la extinción del contrato de trabajo, que debe recaer exclusivamente en el empresario, y no sobre el administrador único al no tener tal condición. TSJ Galicia 24-7-24, EDJ 666405

También puede interesarte

9 diciembre 2025

Responsabilidad penal de una persona jurídica por los delitos cometidos por una persona física de su organización

Para que una persona jurídica sea penalmente responsable por un delito cometido por una persona física en su organización, es necesario acreditar no solo la comisión del delito por dicha persona física, sino también la existencia de un defecto organizativo grave en los mecanismos de prevención y supervisión de la persona jurídica que permita imputarle responsabilidad penal propia.

2 septiembre 2025

Fiscalidad de la indemnización por despido de alto directivo que también es consejero

En los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario, cuando el alto directivo también forma parte del órgano de administración de la sociedad, es aplicable la doctrina jurisprudencial que entiende que existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de 6 mensualidades y, por tanto, esa cuantía de la indemnización está exenta de tributación en el IRPF. Igualmente, es posible aplicar la reducción por rendimientos irregulares.

1 abril 2025

Nuevos pronunciamientos sobre la exigibilidad de la audiencia previa al despido

Aunque el TS reitera que la obligación de conceder audiencia previa al trabajador que va a ser cesado por causas relacionadas con su conducta o rendimiento solo puede exigirse a los despidos producidos a partir del 18-11-2024, el TSJ Illes Balears ha declarado la improcedencia de un despido acordado con anterioridad valorando que, pese a que la empresa, presumiblemente, conocía la postura favorable de su Sala de lo social respecto a la obligación de conceder la audiencia previa, no alegó que dicha audiencia no era exigible, sino que se limitó a manifestar que se había cumplido el trámite mediante audiencia al delegado sindical.

Lo más destacado de laboral, en pódcast

Inscríbete en nuestra alerta

Recibe los posts más recientes en tu email

Inscríbete en nuestra alerta

Recibe los posts más recientes en tu email