18 a 24 de noviembre de 2025
Cuando una persona trabajadora con una IPT reconocida desempeña con normalidad y sin disminución de rendimiento las tareas de un puesto específicamente adaptado a sus condiciones de salud, la decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo, sin ofrecer o implementar los ajustes razonables necesarios, constituye un despido nulo por discriminación.
La denegación de ajustes razonables para las personas con discapacidad constituye una discriminación directa. Solo cuando tales ajustes supongan una carga excesiva, la empresa está dispensada de su obligación de realizarlos. Esta obligación empresarial no solo se recoge en la normativa española (ET art.49.1.e), sino que, con anterioridad, ya se venía contemplando por la Dir 2000/78/CE, la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad -ratificada por España y por la UE- y por la jurisprudencia, particularmente del TJUE y TCo.
En el caso en cuestión, la trabajadora, directora de sucursal bancaria desde 2000, inicia una baja por IT el 5-1-2020 por trastorno depresivo mayor. El 27-3-2023 se reincorpora al trabajo como gestor técnico, con funciones administrativas y de back-office. En la evaluación de desempeño 2023 se hace una valoración positiva de sus competencias conductuales y técnicas. El 2-4-2024 se le reconoce, vía judicial, la IPT para su profesión habitual de directora de sucursal bancaria. Dos días después de la sentencia, la trabajadora solicita la adaptación de puesto de trabajo. Sin embargo, el 8-5-2024 la empresa le comunica su cese. Posteriormente, el informe de examen de salud del servicio de prevención de 24-7-2024, concluye que es apta con limitaciones, indicando que no debe realizar tareas de atención al público. La trabajadora interpone demanda por despido, alegando discriminación por discapacidad y falta de ajustes razonables.
La nulidad del despido lleva aparejada la condena a la empresa del abono de los salarios dejados de percibir desde el cese hasta la readmisión, con intereses legales. Que la trabajadora perciba una prestación de la Seguridad Social por IPT, para su anterior profesión habitual, no impide que tenga derecho a esos salarios. El hecho de que no se correspondan con trabajo efectivo, sino que se deriven de una extinción calificada como nula por discriminación por razón de discapacidad, no altera esa conclusión jurídica, puesto que, de no haber existido tal despido, habría continuado en su trabajo adaptado a su discapacidad y, en consecuencia, habría sido retribuida. Además, se condena a la empresa al abono de una indemnización de 30.000 euros por la apreciación de discriminación por razón de discapacidad. TSJ Galicia 9-9-25, EDJ 703286 Rec 2069/2025
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26 septiembre 2023
Los tres años de responsabilidad solidaria establecidos para los casos de sucesión de empresa son un plazo de caducidad y no un plazo de prescripción distinto del general de un año para el ejercicio de la acción. Por ello, las deudas salariales anteriores a la subrogación pueden exigirse durante los tres años posteriores, pero siempre que la acción siga viva y no haya prescrito.
12 julio 2022
No prescribe al año la reclamación salarial de un concepto salarial, reducido unilateralmente por el empresario de forma ilegal en 2009, sin usar el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo. La reducción tampoco se consolida tácitamente por la inacción del trabajador en el plazo de caducidad de 20 días para impugnar una modificación sustancial que ni siquiera fue notificada. La relación laboral es de tracto sucesivo, por lo que la prescripción anual no afecta al derecho al complemento, sino únicamente al derecho a reclamar las cantidades vencidas, no cobradas, ni exigidas. De manera, que el trabajador solo puede reclamar, con retroactividad de un año, las cantidades impagadas, pero sí puede exigir que se le abone en lo sucesivo el complemento completo.
1 febrero 2022
Se procede, por un lado, al desarrollo y actualización de las prótesis externas de miembro superior e inferior y de ortoprótesis para agenesias. Asimismo, se actualiza el apartado de ortoprótesis especiales para la incorporación de un nuevo tipo de prendas para el tratamiento del linfedema. Y, por último, se incorpora un nuevo tipo de silla de ruedas para personas con patología medular de cualquier etiología o enfermedad neuromuscular.
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