La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (L 31/2022 art.122.nueve) prevé las reglas que han de seguirse para la determinación de las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes aplicables en función de la categoría y especialidades profesionales y la zona minera que se trate. Corresponde al MISM fijar la cuantía de dichas bases mediante la aplicación de las reglas previstas. Mediante esta orden el MISM determina las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes para el ejercicio 2023, teniendo en cuenta, a tal fin, la cuantía de las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correspondientes al período comprendido entre el 1-1-2022 y el 31-12-2022, ambos inclusive, con las especialidades que se contienen en el Reglamento sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social (RD 2064/1995 art.57).OM ISM/1164/2023, BOE 27-10-22
11 noviembre 2025
La falsificación mediante la creación o alteración de un documento digital que simula un parte de baja médica oficial, destinado a justificar una ausencia laboral y obtener un beneficio económico, constituye un delito de falsedad en documento oficial.
30 septiembre 2025
La ejecutividad de la resolución administrativa que reconoce el recargo, incluso en el caso de prestaciones no vitalicias como es la IT, consolida el derecho del trabajador a hacerla suya aunque posteriormente se reduzca o anule el derecho por resolución judicial, dada su naturaleza mixta, tanto sancionadora como prestacional.
4 octubre 2022
Durante los tres primeros meses de estancia temporal los ciudadanos inactivos nacionales de otro Estado miembro gozan de residencia legal y se benefician de la igualdad de trato prevista en los Reglamentos de coordinación respecto de las prestaciones de Seguridad Social. Si un Estado limita el acceso de estos nacionales comunitarios a prestaciones familiares de Seguridad Social incurre en una discriminación directa por razón de la nacionalidad que no puede tener amparo en las excepciones previstas únicamente respecto de la asistencia social en la Directiva sobre libre circulación. En todo caso, el solicitante debe haber establecido su residencia habitual en el Estado de acogida.
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