Este Decreto Ley introduce medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, destacando la creación de la 'vivienda protegida asequible' y diversas reformas legislativas para incrementar la oferta de suelo y viviendas, especialmente para sectores vulnerables. Justifica su aprobación por la situación de emergencia habitacional, la insuficiencia de la oferta de vivienda y la competencia exclusiva autonómica sobre urbanismo y vivienda.MI nº 3938 s. MARRI nº 5834 s.
Este Decreto Ley responde a una situación de emergencia habitacional en la Comunidad, acreditada por el notable incremento de los precios de la vivienda, la insuficiente oferta de viviendas nuevas y la dificultad de acceso de jóvenes y familias, especialmente en áreas urbanas con alta actividad económica. El texto modifica la L Murcia 6/2015, de vivienda y lucha contra la ocupación, y la L Murcia 13/2015, de ordenación territorial y Urbanística, implementando un conjunto de medidas urgentes y extraordinarias.
Entre las principales novedades, crea y regula la figura de la “vivienda protegida asequible”, ampliando así el parque de vivienda protegida y estableciendo soluciones habitacionales como las fórmulas de coliving y cohousing, especialmente destinadas a jóvenes, mayores y personas con discapacidad, siempre en régimen de alquiler o canon. También redefine el papel de los servicios sociales como órgano competente para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, clave para el acceso a las viviendas protegidas.
En materia urbanística, introduce reformas relevantes en numerosos artículos de la Ley de Ordenación Territorial, como la agilización de trámites, simplificación de evaluaciones ambientales para proyectos de pequeña escala y la creación del “Panel de impulso urbanístico” para coordinar la emisión de informes sectoriales. Se habilitan medidas transitorias para incrementar la puesta en el mercado de suelo destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, incluyendo cambios de uso de oficinas, locales en planta baja y sistemas de equipamientos, así como primas de edificabilidad y flexibilización de parámetros urbanísticos para la rehabilitación de edificaciones inacabadas.
El Decreto Ley justifica su urgente tramitación en la necesidad de dar una respuesta inmediata, amparándose en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, y en las competencias exclusivas sobre vivienda y urbanismo que le atribuye el Estatuto de Autonomía. Además, garantiza el respeto a los principios de buena regulación que son la proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, aunque se exceptúan los trámites de participación pública, conforme permite la normativa estatal de aplicación supletoria para decretos leyes.
En definitiva, el Decreto Ley trata de afrontar la crisis habitacional y la escasez de suelo urbano apto para vivienda mediante un paquete integral de medidas legales, con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna en la Región de Murcia y generar condiciones más favorables para los sectores más afectados por las dificultades de acceso.DL Murcia 3/2025, BORM 4-10-25
1 abril 2026
La DGSJFP confirma la protección registral del tercero de buena fe frente a acuerdos comunitarios inscritos con posterioridad a la adquisición del inmueble, así como la aplicación de la LPH disp.adic. 2ª que permite la continuidad de actividades turísticas autorizadas previamente a la entrada en vigor de nuevas regulaciones.
1 agosto 2026
La resolución destaca la importante distinción entre la duración administrativa o sustantiva de la medida cautelar de prohibición de disponer y la duración registral de la anotación preventiva que la hace efectiva frente a terceros, lo que condiciona la cancelación registral. También subraya que la Ley General Tributaria no establece un plazo de caducidad específico para dicha anotación, por lo que debe aplicarse el plazo general de 4 años previsto en la Ley Hipotecaria, evitando así cancelaciones automáticas que puedan perjudicar la seguridad jurídica y la publicidad registral.
1 noviembre 2025
El Decreto regula el programa 'Alquilámoste', que incentiva la cesión de viviendas vacías de titularidad privada a la administración autonómica, garantizando un canon mensual y la devolución del inmueble en buen estado, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas en alquiler y facilitar el acceso a personas con ingresos limitados
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