Incremento temporal de la devolución por ICDP

Se reitera la doctrina de que bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia es lícito que la Administración pueda dictar un tercer -y mucho menos un cuarto- acto administrativo, aunque el segundo adoleciera de cualquier vicio, formal o material, con infracción del ordenamiento jurídico. En estos casos, en los que la Administración hace un uso indebido de sus potestades, debe prevalecer el contenido de la autoliquidación del contribuyente.

Estos requerimientos, formulados en el seno del procedimiento de apremio, que no está sujeto a un plazo máximo legalmente establecido ni es obligatorio dictar un acto resolutorio que legitime y dé cobertura al interesado a recurrirlo y puesto que declaran una obligación o deber de suministro de información a la Administración que incide en la esfera jurídica del obligado, constituyen actos de trámite cualificados susceptibles de impugnación en vía administrativa y económico-administrativa.

Pueden aplicar la amortización acelerada, además de las medianas empresas, otros contribuyentes que no lo sean pero únicamente respecto de los activos nuevos del inmovilizado material que dan derecho a aplicar la deducción por inversiones y gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la reducción del impacto ambiental, la transición energética y la economía circular. Y también las inversiones en vehículos eléctricos, con determinados límites.