La anulación de una condena penal en revisión no constituye automáticamente título suficiente para la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, salvo que de la propia sentencia de revisión se desprenda de forma directa, clara e inequívoca una equivocación patente, manifiesta y determinante en la valoración probatoria que haya fundamentado la condena anulada.
MADM nº 6414
Una persona fue condenada a prisión por un delito contra la libertad sexual. Tras cumplir cerca de 18 años de prisión, la sentencia penal fue anulada y se dictó absolución en recurso de revisión, debido a que no se valoró la prueba pericial biológica decisiva (análisis de restos seminales incompatibles genéticamente con el condenado) incorporada al proceso desde el origen.
La reclamación de responsabilidad patrimonial por error judicial fue inicialmente denegada, por entender que el error judicial cualificado no quedó expresamente declarado y que la estimación del recurso de revisión no implicaba, por sí misma, error indemnizable.
Legalmente se establece que la reclamación de indemnización por causa de error debe ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca (LOPJ art. 293). El problema consiste, por tanto, en determinar si la sentencia penal estimatoria de revisión, que anula una condena firme y absuelve al condenado, basta para cumplir la exigencia de previa declaración del error judicial en una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado.
El criterio no es automático. La revisión penal y la responsabilidad por error judicial tienen finalidades distintas: la primera permite remover la cosa juzgada cuando aparecen hechos o pruebas con eficacia suficiente para alterar el fallo; la segunda exige una equivocación patente, manifiesta e injustificada, no una mera nueva valoración probatoria ni una duda apreciada con posterioridad. Por ello, la sentencia de revisión solo es título suficiente cuando de su fundamentación resulte de forma directa e inequívoca el error cualificado.
En el caso, la revisión no se apoyó en una simple relectura del material probatorio. Existía una prueba pericial biológica, propuesta, admitida e incorporada al proceso penal, que excluía la correspondencia genética entre restos seminales y el condenado. La sentencia condenatoria no la valoró, pese a que contradecía directamente el principal soporte incriminatorio.
Esa omisión no se considera una discrepancia valorativa. Supone una quiebra estructural en la formación de la convicción judicial, porque la condena se dictó sin ponderar una prueba objetiva, relevante y potencialmente decisiva. El error resulta, por tanto, del propio contenido de la sentencia de revisión, aunque esta no contenga una declaración formal expresa de error judicial.
El criterio queda limitado a supuestos cualificados. La sentencia de revisión no basta por sí misma, pero puede cumplir la exigencia de declaración previa cuando evidencia la omisión o desconocimiento de un elemento probatorio esencial ya incorporado al proceso y determinante del fallo. Esta interpretación se refuerza por el derecho constitucional a la reparación de los daños causados por error judicial y por los estándares internacionales sobre indemnización de condenas firmes anuladas, sin convertir toda absolución en revisión en indemnizable (Const art. 121; PIDCP art. 14.6; CEDH Protocolo nº 7 art. 3).
Una vez apreciado el error judicial, la indemnización no responde a una tarifa rígida. Deben ponderarse el tiempo de privación de libertad, la intensidad del daño moral, la afectación del proyecto vital, el deterioro de relaciones personales y familiares, las dificultades de reinserción y la pérdida de oportunidades laborales. Atendida la duración de la privación de libertad, la alteración del proyecto de vida, el daño moral y la repercusión económica, se fija la indemnización en 2.500.000 euros. TS 18-6-26, EDJ 624348
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