2 A tal efecto, con aplicación retroactiva a las solicitudes y procedimientos iniciados al amparo del RDL 6/2024, los trabajadores autónomos que no hubieran ejercido la opción a favor la misma MCSS para la cobertura de toda la acción protectora (LGSS art.83.1.b) deben, para causar derecho a esta prestación, presentar la solicitud ante una MCSS, entendiéndose desde ese momento realizada la opción referida con efectos del primer día del mes en que se cause el derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad. Junto con la solicitud deben formalizar la correspondiente adhesión con dicha mutua, que ha de incluir la cobertura de las contingencias profesionales, IT por contingencias comunes y la prestación de cese de actividad que hasta el momento tuvieran cubiertas con el INSS y con el SEPE.Por otra parte, se modifica la fecha de efectos del reconocimiento provisional de la prestación por cese de actividad que, en lugar de ser la del 29-10-24, debe ser el 28-10-2024.RDL 6/2024 art.24 redacc RDL 8/2024 disp.final 3ª.Seis, BOE 29-11-24; RDL 7/2024 art.24 redacc RDL 8/2024 disp.final 4ª.Doce, BOE 29-11-24; RDL 8/2024 disp.trans.única.2, BOE 29-11-24
28 mayo 2024
Para incrementar los niveles de participación en las elecciones a representantes de los trabajadores y así mejorar el sistema de representación del colectivo, desde el 23-5-2024 se reduce a 20 días la antigüedad mínima para ser elector y elegible en las elecciones para delegados de personal o miembros del comité de empresa.
7 febrero 2023
Con efectos desde el 1-1-2023, durante los periodos de inactividad la base de cotización aplicable al artista que se mantenga voluntariamente en alta debe ser la base mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de cotización del Régimen General (1.166,70 euros), y el tipo de cotización el 11,50 %.
1 octubre 2025
La indemnización por perjuicios materiales derivados de un delito de lesiones imprudentes no debe incluir los costes salariales y de cotizaciones a la Seguridad Social que una empresa está legalmente obligada a pagar durante la incapacidad temporal de un trabajador, cuando estos gastos no son consecuencia directa del accidente, sino que derivan de la normativa laboral y de seguridad social aplicable
