Cataluña: cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación

1 octubre 2026

Actualidad Administrativa. Octubre de 2026

Cataluña: cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación

La Ley regula las cámaras de comercio de Cataluña y su Consejo General.
MADM n.º 650, s. 2
Las cámaras son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y estructura y funcionamiento democráticos. Se configuran como órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones públicas, sin perjuicio de los intereses privados que persiguen.
Al ejercer funciones públicas atribuidas por ley, delegadas o encomendadas, se les aplica supletoriamente la legislación sobre procedimiento y régimen jurídico de las Administraciones públicas. También es supletoria la legislación sobre estructura y funcionamiento administrativo, en cuanto resulte compatible con su naturaleza y finalidades. Esta sujeción no convierte toda su actividad en actividad administrativa: la contratación y el régimen patrimonial se rigen por el Derecho privado, con garantías de publicidad, transparencia y no discriminación.

Funciones público-administrativas

Se distinguen funciones institucionales de representación, propuesta, consulta y asesoramiento; funciones de colaboración público-administrativa; y otras funciones público-administrativas. Entre las más relevantes destacan:
  • La consulta sobre proyectos normativos que afecten directamente a los intereses económicos representados y la emisión de informes preceptivos previstos por la normativa sectorial.
  • La colaboración en la simplificación administrativa, las ventanillas únicas empresariales, la gestión de registros y la tramitación de ayudas, cuando lo requieran las administraciones competentes.
  • La gestión de servicios e infraestructuras públicos y el ejercicio de funciones administrativas asignadas o delegadas mediante los instrumentos permitidos por el ordenamiento.
  • Las actuaciones materiales de comprobación y verificación, la emisión de certificaciones y la participación en la gestión de fondos europeos e internacionales, en los términos legalmente previstos.
La ley diferencia estas funciones de las actividades privadas prestadas en libre competencia, entre ellas determinados servicios empresariales, la formación, la mediación y el arbitraje.

Tutela administrativa

La tutela corresponde al departamento de la Generalitat competente en la materia. Comprende potestades de aprobación, fiscalización y resolución de recursos, así como las relativas a las modificaciones de la organización cameral y a la suspensión o disolución de sus órganos de gobierno, en los términos legales. No puede motivarse por criterios de oportunidad o conveniencia. El órgano tutelar puede solicitar motivadamente antecedentes e información sobre la actuación tutelada.
Exigen autorización previa, entre otros supuestos, la participación en otras entidades, los actos de disposición de inmuebles y determinadas operaciones de crédito. La autorización para participar en entidades no implica que el órgano tutelar asuma responsabilidad por las obligaciones derivadas de las actividades privadas camerales.

Organización territorial y Consejo General

La ordenación territorial debe cubrir toda Cataluña sin superposición de demarcaciones. Se exige, como mínimo, una cámara en Girona, Lleida y Tarragona, y dos en Barcelona. La creación de nuevas cámaras requiere autorización del Gobierno y el cumplimiento de condiciones de justificación económica, suficiencia de recursos, mejora de servicios y respaldo electoral.
El Consejo General es también una corporación de derecho público, integrada por todas las cámaras catalanas. Coordina su representación y actuaciones comunes, impulsa planes camerales y desarrolla funciones consultivas y de colaboración con la Generalitat.

Transparencia, integridad e información

En el ejercicio de sus funciones públicas, las cámaras y el Consejo General quedan sujetos a las obligaciones de publicidad activa de la L 19/2014, de transparencia. Deben publicar, entre otros extremos, las subvenciones y los recursos públicos, la información contractual y retributiva, y las estadísticas y encuestas financiadas con fondos públicos. El censo público de empresas se elabora con colaboración administrativa, incluida la tributaria, bajo garantías de confidencialidad, uso limitado y deber de sigilo. Los reglamentos internos deben regular las incompatibilidades, los conflictos de intereses y los procedimientos de contratación, entre otras materias.

Adaptación al nuevo régimen

Las cámaras existentes continúan ejerciendo sus funciones y mantienen inicialmente su ámbito territorial. Se establece un plazo de seis meses desde la entrada en vigor para adaptar los reglamentos internos y someterlos a aprobación tutelar, así como para adaptar los códigos de buenas prácticas y de conducta.
L Cataluña 14/2026, DOGC 23-10-26

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