Se consideran entidades colaboradoras aquellas personas jurídicas que, debidamente autorizadas de acuerdo con los requisitos y el procedimiento previsto legalmente, e inscritas en el Registro General de Entidades Colaboradoras de Castilla-La Mancha, realicen funciones de informe y certificación, con el objeto de acreditar la verificación de la documentación que deba presentar la persona interesada dentro de un procedimiento, así como labores de asistencia y apoyo técnico o material a la Administración regional en las funciones de análisis, evaluación, supervisión y control que se establezcan en la normativa sectorial autonómica, en calidad de entidad técnica especializada.
Las labores de asistencia y apoyo tendrán carácter instrumental con respecto a las funciones propias de la Administración regional, y excluirán los actos de contenido jurídico y resolutorio.
No tienen carácter de autoridad ni pueden ejercer las potestades públicas propias de la Administración regional, quien podrá realizar, en cualquier momento, funciones de verificación y control sobre las actuaciones de las entidades colaboradoras.
La participación de las entidades colaboradoras en un procedimiento administrativo será facultativa, debiendo ser solicitada por parte de la persona interesada, que debe indicar expresamente la utilización de la misma en el procedimiento en el que esté incursa.
Las entidades locales de Castilla-La Mancha que así lo acuerden, pueden ofrecer a las personas interesadas en los procedimientos de su competencia la posibilidad de participación de las personas jurídicas autorizadas como entidades colaboradoras, en la realización de las funciones mencionadas.
Las entidades colaboradoras de la Administración regional pueden ejercer sus funciones en las materias siguientes: urbanismo; gestión forestal; calidad ambiental; economía circular; actividad cinegética; patrimonio cultural; sanidad; servicios sociales; promoción empresarial; turismo, comercio y artesanía; agricultura; y otras materias que puedan regularse por su correspondiente normativa sectorial, siempre que sus funciones y requisitos de autorización resulten acordes a la regulación de la L Castilla-La Mancha 4/2025.D Castilla-La Mancha 43/2026, DOCM 31-7-26
1 diciembre 2025
Con entrada en vigor el 15-1-2026, se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la interposición, tramitación y resolución de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa por los obligados tributarios y se aprueban diversos formularios.
1 diciembre 2025
Se renueva en profundidad el régimen jurídico aplicable al patrimonio autonómico, adaptándolo a la legislación básica estatal y a la jurisprudencia constitucional más reciente. Entre las principales novedades destacan: la implantación de la Plataforma de Publicidad Patrimonial, la regulación de mecanismos de economía circular para la gestión eficiente de bienes muebles, nuevas figuras y procedimientos en negocios patrimoniales, la adaptación de edificios administrativos y la introducción de un régimen propio y detallado de protección y defensa del patrimonio, así como su régimen sancionador. Además, la ley actualiza la regulación de las relaciones interadministrativas y urbanísticas.
1 octubre 2025
La indemnización por perjuicios materiales derivados de un delito de lesiones imprudentes no debe incluir los costes salariales y de cotizaciones a la Seguridad Social que una empresa está legalmente obligada a pagar durante la incapacidad temporal de un trabajador, cuando estos gastos no son consecuencia directa del accidente, sino que derivan de la normativa laboral y de seguridad social aplicable
Recibe los posts más recientes en tu email
