Distribución de competencias en materia de vivienda y títulos habilitantes del Estado

Actualidad Inmobiliaria. Octubre de 2026

Distribución de competencias en materia de vivienda y títulos habilitantes del Estado

La disp. trans. 3.ª de la L 12/2023, que condiciona la reanudación de procedimientos suspendidos a la acreditación previa de un procedimiento de conciliación o intermediación para grandes tenedores de vivienda, constituye una regulación procesal legítima amparada en la competencia estatal, pues sujeta el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva a requisitos procedimentales razonables, con un equilibrio justo entre medios y fines y sin infringir las competencias autonómicas en materia de vivienda o asistencia social.
MI n.º 9682 · MARRI n.º 415
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Se discute si son constitucionales los preceptos impugnados de la L 12/2023, en particular los arts. 11.2 y 19.2, la disp. trans. 3.ª y las disp. finales 5.ª y 7.ª, respecto de la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, así como de la garantía de derechos fundamentales como el principio de igualdad, la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad.
La Xunta de Galicia interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la L 12/2023 por considerar que invaden competencias autonómicas en materia de vivienda, ordenación del territorio, urbanismo y asistencia social. También alegó vulneraciones del principio de igualdad, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de propiedad en aspectos procesales vinculados a los procedimientos de desahucio y al régimen jurídico de la vivienda.
El Tribunal Constitucional desestima el recurso respecto de los preceptos vigentes analizados y confirma que la regulación estatal respeta la distribución competencial y no vulnera los derechos fundamentales indicados. Asimismo, declara la pérdida sobrevenida de objeto en relación con otros preceptos ya anulados en sentencias anteriores, consolidando la doctrina constitucional que legitima la actuación estatal en los términos expuestos.
Considera que los preceptos recurridos se amparan en las competencias exclusivas del Estado establecidas en el art. 149.1.1.ª, 8.ª, 13.ª y 18.ª de la Const., junto con la competencia procesal del art. 149.1.6.ª de la Const. Reconoce el respeto al orden constitucional de competencias y valora la adecuada justificación y proporcionalidad de las limitaciones y requisitos procesales planteados para garantizar el derecho a la vivienda y la función social de la propiedad, siguiendo la jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional y realizando una ponderación razonable entre los derechos en juego.
TCo (Pleno) 64/2026, EDI 2026/735622