Derecho Fiscal

Se incorporan al Convenio el Impuesto sobre el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados, el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Se amplía la posibilidad de utilizar la firma electrónica no criptográfica a todos los usuarios registrados en Cl@ve.

Se modifican los modelos 036 y 037 para permitir la declaración de inicio, modificación y cese de las actividades sujetas al Impuesto sobre Determinados servicios Digitales.

Se aprueban una serie de menciones que se deben incluir en las facturas, al objeto de facilitar su comprensión por parte del consumidor.

Con efectos desde 1-1-2023, se amplía el plazo para acometer las obras que permiten aplicar la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas.

Los inmuebles urbanos susceptibles de producir rendimientos gravados por la LIRPF, deben tenerse en cuenta para la aplicación del límite de la cuota íntegra del IP de la LIP art.31, y ello, con independencia de la naturaleza del derecho que se tenga sobre los referidos inmuebles, es decir, tanto si se tiene el pleno dominio, como si se tiene el usufructo o la nuda propiedad.

Se elimina la obligatoriedad de presentación ante la Agencia Tributaria de las escritas de cancelación hipotecaria sobre inmuebles con carácter general en el territorio de esta CA.

Con efectos para periodos impositivos que comiencen a partir del 1-1-2022 se transpone la regulación comunitaria sobre asimetrías híbridas invertidas.

Se establece un nuevo supuesto de libertad de amortización para las inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables.

El TEAC modifica su criterio, y entiende que la comunicación realizada al deudor mediante un acta de remisión de documentos por correo, es válida a efectos de modificar la base imponible por impago.

Los cambios de criterio del TS y del TEAC vinculan a toda la Administración tributaria desde que el cambio se produce. La Administración queda obligada a aplicar el nuevo criterio, sin que pueda regularizar situaciones pretéritas en las que los obligados tributarios hubieran aplicado el criterio administrativo vigente en el momento de presentación de su declaración.

En los casos de consolidación del dominio, se ha de atender al título de adquisición de la nuda propiedad a efectos de determinar su tributación.