Derecho Fiscal

No es posible trasladar a los ejercicios comprobados los importes pendientes de ejercicios anteriores que ya hayan sido aplicados por la entidad en ejercicios posteriores a los comprobados, aunque estos últimos estén incluidos en el alcance de las actuaciones inspectoras.

El régimen especial previsto para las agencias de viajes, se aplica también a las operaciones que meramente consisten en adquirir y revender pernoctaciones. El hecho de que se presten o no servicios adicionales es irrelevante a efectos de su calificación.

Constituye una actividad económica que debe tributar en el IAE, la prestación a un tercero del servicio de compraventa o de minado de criptomonedas. Por el contrario, no constituye actividad económica la compraventa de criptomonedas para uno mismo, por lo que no hay que tributar en el IAE por la misma.

El Tribunal Supremo establece como jurisprudencia que el cómputo del plazo de prescripción para exigir la obligación del pago a los responsables solidarios no puede ser interrumpido por actuaciones realizadas frente al deudor principal o frente al obligado respecto de cuyas deudas se deriva la responsabilidad, salvo en aquellos casos en que la interrupción se dirija a quien previamente ha sido declarado responsable.

Con efectos 31-8-2023, y con el fin de garantizar la correcta exacción del impuesto por todas las Administraciones implicadas, se retrasa la entrada en vigor al 1-1-2024 del nuevo modelo de autoliquidación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (modelo 604), aplicándose por primera vez a las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras correspondientes a los períodos de liquidación que se inicien a partir del 1-1-2024.

La DGT se pronuncia sobre la aplicación de la deducción cuando solo se realiza la actividad de exhibición y en aquellos casos en los que un contribuyente financia varios espectáculos de distintos productores.

El TEAC recuerda que la normativa española establece supuestos en los que se exige un certificado de residencia simple, en el que se acredita únicamente la residencia fiscal en un país, y supuestos en los que se requiere que dicho certificado sea cualificado, esto es, que el residente lo es a efectos del Convenio.

Se entiende cumplido el requisito de mantenimiento de la inversión exigido para la aplicación de la reducción en el ISD prevista por la adquisición de participaciones en entidades en las futuras operaciones de reducción de capital que se realicen por la devolución de inmuebles al patrimonio de los herederos.

Los órganos administrativos o judiciales nacionales no pueden enjuiciar ni prescindir del contenido de un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales de un país que ha suscrito con España un Convenio de Doble Imposición, cuando dicho certificado se ha extendido a los efectos del Convenio. En caso de conflicto por doble residencia, debe acudirse a las reglas de desempate previstas en el propio Convenio, las cuales deben ser interpretadas de manera autónoma, con independencia de las normas internas que alberguen conceptos similares.

Los vehículos al fin de su vida útil vendidos para la extracción de sus piezas para ser revendidas, sin que esas piezas hayan sido extraídas previamente, puede ser considerados como bienes de segunda mano. Siempre que esas piezas conserven sus funcionalidades de forma directa o mediante una reparación, el contribuyente puede aplicar el régimen especial del margen de beneficio.

La calificación jurídica de la operación por la cual se adjudica un inmueble con asunción de deuda garantizada con hipoteca le corresponde a la Administración tributaria, constituyendo un negocio jurídico oneroso con contraprestación a efectos de la determinación de su tributación.

Las liquidaciones provisionales o definitivas por el IIVTNU que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia del TCo 182/2021 (26-10-2021), no pueden ser impugnadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la misma, al igual que tampoco puede solicitarse con ese fundamento la rectificación, ex LGT art.120.3, de autoliquidaciones respecto a las que aún no se hayan formulado tal solicitud al tiempo de dictarse la citada sentencia.