9A los efectos de lo establecido en la LCSP art.58, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público puede imponer una multa en caso de que se aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso especial en materia de contratación o en la solicitud de medidas cautelares en la tramitación de este recurso.
Se considera que existe una actuación temeraria o de mala fe cuando, por el objeto, el resultado, la intencionalidad o la finalidad, ya sea de forma aislada o conjunta, se interponga un recurso especial en materia de contratación o se soliciten medidas cautelares con el único objetivo de atrasar la adjudicación o la formalización de un contrato.
Se considera mala fe el conocimiento consciente de la falta de razón procesal derivado del incumplimiento consciente de las obligaciones o los requerimientos derivados de un procedimiento de adjudicación, y se considera temeridad la conducta procesal sin un fundamento defendible en derecho, por el hecho de que se manifieste una pretensión o una oposición a la adjudicación o la formalización de un contrato sin una mínima argumentación o expectativa jurídica razonable.
Se consideran circunstancias determinantes de posible mala fe o temeridad en la interposición del recurso o de la solicitud de medidas cautelares si se fundamentan en:
a) Argumentos contrarios a los alegados previamente por la persona recurrente en el mismo procedimiento y rechazados en un recurso especial anterior.
b) Una infracción de los pliegos que podía ser conocida por una empresa licitadora razonablemente informada y normalmente diligente, alegada después de la exclusión de su oferta o después de la adjudicación a otra empresa licitadora.
Puede tomarse en consideración para apreciar que concurren mala fe y temeridad en la interposición del recurso el hecho de que la dilación del procedimiento de contratación beneficie a la empresa recurrente porque es adjudicataria del contrato anterior.
La multa se debe imponer en la misma resolución del recurso especial en materia de contratación. El acuerdo que resuelve el recurso debe justificar la imposición de la multa y el importe en función de las posibles pérdidas económicas provocadas a la empresa adjudicataria y los perjuicios económicos provocados a las entidades del sector público, incluyendo el coste salarial del personal al servicio de estas entidades del sector público en proporción a su dedicación o tiempo invertido en la tramitación del recurso especial y los gastos derivados de contratos, prórrogas o modificaciones necesarias para atender o garantizar el funcionamiento ordinario de servicios dirigidos a la ciudadanía.
El importe de la multa impuesta debe ser ingresada en la hacienda pública catalana. El impago de la multa tiene la consideración de deuda con la Administración pública a efectos de la prohibición de contratar.
L Cataluña 11/2026 art.68, DOGC 13-7-261 enero 2026
Solo están legitimados para interponer recurso especial en materia de contratación aquellos licitadores que puedan obtener un beneficio directo en caso de estimarse su reclamación.
1 mayo 2026
El preámbulo de una norma no puede impugnarse de forma autónoma si no se cuestiona también el articulado al que sirve de explicación. Aunque su redacción sea equívoca, no puede desplazar el contenido claro del precepto reglamentario ni justificar una impugnación preventiva. La referencia interpretativa contenida en la exposición de motivos carece de eficacia autónoma cuando el articulado fija de forma inequívoca el criterio aplicable.
1 octubre 2025
La Administración es responsable patrimonialmente por un accidente de circulación de un VMP en un carril bici si se acredita que el daño se produjo por un desperfecto en dicho carril y no concurre culpa exclusiva de la víctima, considerando las características específicas del vehículo y las condiciones del entorno que dificultan la percepción del defecto
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