El Parlamento Europeo ha ratificado recientemente una serie de regulaciones que instan a las empresas y sus asociados a lo largo de su cadena de suministro a mitigar, eliminar o disminuir su impacto adverso en los derechos humanos y el medioambiente.
El 91% de las empresas están evaluando las repercusiones del cambio climático en sus operaciones, y el 86% ya tiene una estrategia en marcha para abordarlo.
En el Día Internacional de la Tierra, Unión Profesional lanza su modelo de referencia para la implementación del medio ambiente en los códigos deontológicos, en línea con la conciencia ecológica que redunda en las corporaciones colegiales (Consejos Generales y Colegios Profesionales), cada vez más implicadas en la actuación preservadora con nuestro planeta, más allá de su concepto como hogar, pues de la Tierra depende nuestra protección, alimentación y, en definitiva, nuestra vida.
Según el ‘EY European DEI Index‘, elaborado por EY, las empresas españolas ocupan el segundo lugar en Europa en el Índice de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), detrás de las empresas suizas, con una calificación de 5.92, en comparación con la media europea de 5.69 sobre 10.
Según el ‘IV Barómetro sobre Materialidad DIRSE-EY‘, los temas de gobernanza como la ética corporativa y las cuestiones medioambientales se posicionan como las áreas más importantes para los profesionales de ASG. La tendencia ha sido creciente en los últimos años.
La Comisión Europea ha otorgado un plazo de dos meses a España para transponer a su legislación nacional las directivas europeas sobre vertederos y gestión de residuos.
Las empresas que integran el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, liderado por Forética, han reafirmado su compromiso con el clima, la inclusión y la responsabilidad en la Inteligencia Artificial (IA), estableciéndolos como prioridades estratégicas.
El informe ‘El ámbito social de ESG. Guía para la Alta Dirección y el Consejo de Administración’ ha sido presentado por la Fundación PwC y la Fundación SERES.
La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a su falta de cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Directiva marco sobre residuos (Directiva 2008/98/CE).