La Comisión Europea participará en las negociaciones sobre el Tratado Mundial sobre los Plásticos (CIN-5.2) en Ginebra (Suiza), con el objetivo de alcanzar un acuerdo efectivo para abordar la acuciante cuestión de la contaminación por plásticos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado la propuesta de convenio entre administraciones públicas y sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAPs) en materia de envases domésticos y ha recomendado consensuar a nivel nacional el modelo de gestión de los residuos de envases que se aplicaría a todas ellas, así como evitar la opción mixta que, según ha avisado, “introduce gran complejidad”.
A diferencia de las directivas CSRD y sobre el deber de vigilancia, este reglamento, a menudo denominado «impuesto sobre el carbono en las fronteras», ha visto simplificado su funcionamiento sin que se haya puesto en tela de juicio su ambición inicial. Sin embargo, una serie de obstáculos, tanto internos como externos, se interponen en el camino de este mecanismo hasta su entrada en vigor, prevista para principios de 2026.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sentenciado este jueves que el Gobierno español incumplió la normativa europea por no presentar a tiempo los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación de las Islas Canarias.
Los ministros de Agricultura de 18 Estados miembro han enviado una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que piden que se relajen algunas de las disposiciones de la nueva normativa, alegando su complejidad y carga burocrática, y sugieren que se retrase aún más su aplicación, que ya se aplazó hasta diciembre de 2025.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su nuevo objetivo de reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero del 90% respecto a los niveles de 1990, de cara a lograr el objetivo de neutralidad climática en 2050 y limitar el calentamiento global a 1,5 grados, como establece el Acuerdo de París.
La huella de carbono de las empresas constituye la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos directa o indirectamente por la actividad de la organización.
Los Veintisiete han respaldado la propuesta de la Comisión Europea de relajar las obligaciones ambientales que exigen a las empresas informar del impacto de su actividad en el medio ambiente con el fin de aliviarlas de carga burocrática, abaratar costes e impulsar su competitividad frente a competidores como China o Estados Unidos.