El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha lanzado una nueva versión de la página web que permite a los usuarios explorar el potencial solar de tejados y cubiertas en toda España.
La Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Cocinas y Chimeneas (AEFECC) ha destacado la necesidad de una gestión sostenible de los bosques para prevenir incendios forestales.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado a audiencia e información pública, hasta el próximo 15 de septiembre, el proyecto de Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos (data centers).
La Comisión Europea participará en las negociaciones sobre el Tratado Mundial sobre los Plásticos (CIN-5.2) en Ginebra (Suiza), con el objetivo de alcanzar un acuerdo efectivo para abordar la acuciante cuestión de la contaminación por plásticos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado la propuesta de convenio entre administraciones públicas y sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAPs) en materia de envases domésticos y ha recomendado consensuar a nivel nacional el modelo de gestión de los residuos de envases que se aplicaría a todas ellas, así como evitar la opción mixta que, según ha avisado, “introduce gran complejidad”.
A diferencia de las directivas CSRD y sobre el deber de vigilancia, este reglamento, a menudo denominado «impuesto sobre el carbono en las fronteras», ha visto simplificado su funcionamiento sin que se haya puesto en tela de juicio su ambición inicial. Sin embargo, una serie de obstáculos, tanto internos como externos, se interponen en el camino de este mecanismo hasta su entrada en vigor, prevista para principios de 2026.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sentenciado este jueves que el Gobierno español incumplió la normativa europea por no presentar a tiempo los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación de las Islas Canarias.
Los ministros de Agricultura de 18 Estados miembro han enviado una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que piden que se relajen algunas de las disposiciones de la nueva normativa, alegando su complejidad y carga burocrática, y sugieren que se retrase aún más su aplicación, que ya se aplazó hasta diciembre de 2025.