El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sentenciado este jueves que el Gobierno español incumplió la normativa europea por no presentar a tiempo los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación de las Islas Canarias.
El 2 de julio, la Comisión Europea presentó su propuesta de modificación de la ley europea sobre el clima. El ejecutivo europeo desea fijarse un nuevo objetivo climático: reducir en un 90 % las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2040.
Los ministros de Agricultura de 18 Estados miembro han enviado una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que piden que se relajen algunas de las disposiciones de la nueva normativa, alegando su complejidad y carga burocrática, y sugieren que se retrase aún más su aplicación, que ya se aplazó hasta diciembre de 2025.
El cambio climático intensificó la ola de calor que recorrió Europa a finales de junio y provocó que el número de muertes por las altas temperaturas ascendieran un 65% en doce ciudades europeas, según un estudio publicado por el Imperial College London (Reino Unido).
La salud mental se ha convertido en la dimensión prioritaria del bienestar en las empresas españolas, como revela el III Estudio sobre Planes de Bienestar en la Empresa Española, elaborado por el HUB BienStart.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su nuevo objetivo de reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero del 90% respecto a los niveles de 1990, de cara a lograr el objetivo de neutralidad climática en 2050 y limitar el calentamiento global a 1,5 grados, como establece el Acuerdo de París.
Un 88% de españoles considera que el cambio climático es un problema grave, por encima de la media de la UE, que se sitúa en un 85%, según el Eurobarómetro especial publicado este lunes.
La huella de carbono de las empresas constituye la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos directa o indirectamente por la actividad de la organización.
Los Veintisiete han respaldado la propuesta de la Comisión Europea de relajar las obligaciones ambientales que exigen a las empresas informar del impacto de su actividad en el medio ambiente con el fin de aliviarlas de carga burocrática, abaratar costes e impulsar su competitividad frente a competidores como China o Estados Unidos.