La Comisión Europea ha establecido un plazo de dos meses para que España y otros 11 países miembros implementen completamente la legislación de la Unión Europea (UE) sobre el comercio de derechos de emisión, antes de considerar la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En su sesión plenaria de este martes, el Parlamento Europeo ha decidido aplicar el procedimiento de urgencia para la votación que tiene como objetivo ampliar hasta 2027 el plazo que los fabricantes de automóviles tendrán para alcanzar su meta anual de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, ha iniciado procedimientos con 33 ayuntamientos en todo el país para asegurar la correcta implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), según su Informe anual 2024 presentado en el Congreso de los Diputados.
Ecologistas en Acción ha revelado que durante 2024, quince ciudades españolas han excedido el nuevo límite anual de dióxido de nitrógeno (NO2) establecido por la Unión Europea.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha instado a los gobiernos a tomar medidas drásticas para disminuir las emisiones para 2025, tras soportar una década de extremo calor, considerada la más cálida en la historia registrada.
Iberdrola, la multinacional de servicios de energía, ha establecido una alianza estratégica con Cruz Roja Española con el objetivo de disminuir la emisión de carbono de las instalaciones de la organización humanitaria en todo el territorio español, según ha informado la empresa.
A partir del 1 de enero de 2025, las estufas de combustión de gas estarán prohibidas en las terrazas de bares y restaurantes en Barcelona, de acuerdo con la ordenanza de terrazas aprobada en 2018.
En 2023, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la economía española se situaron en 287.7 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 5,5% en comparación con el año anterior, y casi un 40% desde que se comenzó a contabilizar en 2008.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha anulado diversos preceptos de la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, por la que se modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 del Ayuntamiento de Madrid.