La Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado información sobre el grado de cumplimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), según han confirmado a Europa Press fuentes del organismo estatal. “La información se pide por ver si se tiene que adoptar alguna medida, pero no podemos saber qué tipo de medida todavía. O sea, estamos simplemente en fase de solicitud de información”, han indicado.
Las ZBE datan de 2021, cuando se aprobó la Ley de cambio climático y transición energética. En el texto, se indicaba que los municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares tendrían que adoptar estas zonas antes de 2023 en el marco de sus planes de movilidad urbana sostenible. Un año más tarde, el Gobierno aprobó un real decreto en el que regulaba los requisitos mínimos que debían satisfacer las ZBE.
En abril de este año, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció que su departamento proporcionará un “apoyo mayor” en forma de financiación a aquellos ayuntamientos que apuesten por la descarbonización de la movilidad y por el impulso a las ZBE. Algo más tarde, a principios de julio, Transportes y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) iniciaron reuniones para fijar criterios comunes que definan qué es una zona de bajas emisiones (ZBE).
A mediados de septiembre se ha conocido que Transportes ultima la ejecución de más de 2.400 millones de euros de los fondos europeos ‘Next Generation’ para llevar a cabo iniciativas y obras relacionadas con la transformación sostenible de la movilidad en los entornos urbanos con el objetivo de reducir emisiones y promover ciudades más limpias y seguras.
Así, a la implementación de Zonas de Bajas Emisiones se han destinado 145 millones de euros tanto para el propio perimetraje de la zona y su señalización, como para actuaciones complementarias que contribuyan a su funcionamiento, con proyectos se han llevado a cabo en 80 municipios de más de 50.000 habitantes (o 20.000, en caso de que superasen los umbrales de contaminación marcados por la Unión Europea).