Este jueves, la Comisión Europea ha notificado a España y a otros 16 países miembros la apertura de un expediente sancionador. Esto se debe a la demora en la incorporación a su legislación nacional de una directiva que requiere a las empresas de gran envergadura informar sobre su impacto medioambiental.
Además de España, los países afectados incluyen Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía. Todos ellos han sido notificados por no haber comunicado las medidas tomadas con respecto a la directiva.
Esta directiva establece nuevas reglas sobre información de sostenibilidad, exigiendo a las grandes empresas y a las que cotizan en bolsa revelar información sobre los riesgos sociales y medioambientales que enfrentan, y el impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente.
Estas nuevas pautas de informes de sostenibilidad se aplican a partir de los ejercicios financieros que comiencen el 1 de enero de 2024 o después. En caso de no incorporar estas nuevas reglas, no se logrará el nivel requerido de armonización en la UE, y los inversores no podrán considerar el rendimiento de las empresas en términos de sostenibilidad al tomar decisiones de inversión.
Los 17 países miembros afectados aún no han comunicado la completa incorporación de las disposiciones de la directiva a su legislación nacional dentro del plazo estipulado, que concluyó el 6 de julio de 2024.
Los países ahora tienen un plazo de dos meses para responder y remediar las deficiencias señaladas por la Comisión. Si no proporcionan una respuesta satisfactoria, la Comisión puede optar por llevar a sus gobiernos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).