El Defensor del Pueblo instó a 33 municipios a establecer Zonas de Bajas Emisiones

Autor: Lefebvre El Defensor del Pueblo instó a 33 municipios a establecer Zonas de Bajas Emisiones

Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, ha iniciado procedimientos con 33 ayuntamientos en todo el país para asegurar la correcta implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), según su Informe anual 2024 presentado en el Congreso de los Diputados.

El informe destaca que los argumentos proporcionados por los ayuntamientos, incluyendo plazos cortos, cambios de gobierno, falta de medios técnicos, características geográficas y otras prioridades de movilidad sostenible, no justifican suficientemente el retraso en la creación de estas zonas.

Gabilondo subraya que algunos ayuntamientos han recibido fondos para implementar las ZBE. Las conclusiones de su intervención resultaron en once recomendaciones en 2024 para los ayuntamientos de Alicante, Aranjuez (Madrid), Arganda del Rey (Madrid), Arona (Santa Cruz de Tenerife), Badalona (Barcelona), Baracaldo (Vizcaya), Bilbao, Calvià (Islas Baleares), Castellón de la Plana (Castellón), Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Coslada (Madrid), Córdoba, Elche (Alicante), El Puerto de Santa María (Cádiz), Ferrol (A Coruña), Gijón, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Las Palmas de Gran Canaria, Lorca (Murcia), Majadahonda (Madrid), Málaga, Mijas (Málaga), Motril (Granada), Murcia, Orihuela (Alicante), Palma de Mallorca, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Telde (Las Palmas), Tres Cantos (Madrid), Valdemoro (Madrid), Valencia y Valladolid.

Para aquellos municipios que aún no han establecido una ZBE, el Defensor del Pueblo recomienda un cumplimiento “rápido, cuidadoso y completo” del mandato en la Ley de cambio climático y transición energética. Resalta que no es suficiente con establecer la ZBE, sino que debe cumplir con las características y requisitos establecidos en la ley y el Real Decreto 1052/2022.

Gabilondo enfatiza que la aprobación y puesta en marcha de la ZBE debe cumplir con los procedimientos formales establecidos en la legislación. Las demoras en la aprobación no pueden ser justificadas excesivamente ni indefinidamente.

La ZBE debe tener una extensión suficiente para alcanzar los objetivos de calidad del aire y establecer restricciones permanentes a la entrada y circulación de vehículos. Las restricciones deben basarse en el distintivo ambiental de los vehículos para proteger la calidad del aire y mitigar el cambio climático.

La renovación de los vehículos antiguos por vehículos ECO o de cero emisiones es un objetivo “legítimo y necesario” para el Defensor. Además, la ZBE aprobada debe establecer objetivos cuantificables en calidad del aire, cambio climático, cambio modal, eficiencia energética y calidad acústica.

Estas recomendaciones también son aplicables a los municipios que ya tienen una ZBE. Si los objetivos no se cumplen, los ayuntamientos están obligados a adoptar nuevas medidas, que deben ser progresivas según la legislación vigente.

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